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viernes | 19 abril | 2024
Los agricultores españoles recibieron 4.347 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) del año 2019, el 89% de pagos de la campaña, según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El ministerio coordinó el pago de dichas ayudas de la Unión Europea (UE) y subrayó, en un comunicado, que la semana pasada se abonaron 100 millones de euros, sin que la situación excepcional, tras la declaración del estado de alarma por el Covid-19 haya alterado su desembolso.
Transferencia
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) está efectuando “con normalidad” la transferencia de fondos a las autonomías, que aplican los “mecanismos necesarios” para que los pagos lleguen a los productores, según la misma fuente.
Las ayudas directas de la PAC se destinan a 692.700 beneficiarios, que presentaron sus solicitudes en 2019.
Del total abonado, 2.504,6 millones corresponden al pago básico, 1.278 millones al pago verde o “greening”, 53,36 millones a las ayudas para jóvenes, 74,14 al régimen de pequeños productores y 49,7 al pago específico al algodón. Un total de 386,1 millones fueron a parar a los regímenes de las ayudas asociadas a la producción.
El plazo de pago finaliza el 30 de junio, pero España pidió a la Comisión Europea la ampliación del plazo, de forma excepcional y sin penalizaciones hasta el 15 de octubre, “para asegurar que ningún beneficiario se quede sin cobrar sus ayudas”, de acuerdo al Ministerio.
Crisis de rentabilidad
El anuncio de la concesión de ayudas para los agricultores se hizo público dos días después de que el Congreso tramitase como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el real decreto ley aprobado el 25 de febrero por el Gobierno con medidas urgentes para combatir la crisis de rentabilidad del sector primario.
El ministro Luis Planas indicaba que el Decreto Ley tendrá un “impacto positivo”, aunque la oposición lo consideró insuficiente para solucionar esos problemas del sector primario.
Planas recordaba las principales medidas de la norma, como la prohibición de la venta a pérdidas o la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos, que a su juicio tendrán un efecto “necesario” para fomentar el reparto equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria.
La coincidencia en el tiempo de problemas estructurales y coyunturales condujeron a una crisis de precios en origen que provocó una respuesta por parte del Gobierno, según el ministro.
En esa urgencia justificó la necesidad de aprobarlo mediante decreto ley y no esperar a la transposición de la directiva comunitaria sobre esta materia que supondrá la modificación de una treintena de artículos. Las soluciones no podían demorarse “ni un día más” para Planas.
