2º-12º
sábado | 14 diciembre | 2024
La Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo (TS) que rebaje de trece a siete años la pena de inhabilitación absoluta que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, en virtud de la reforma del Código Penal (CP) que derogó el delito de sedición y modificado el de malversación.
En un escrito, los servicios jurídicos de la Administración se dirigieron a los magistrados del TS que juzgaron la causa del procés y que impusieron la condena de trece años de prisión e inhabilitación a Junqueras por el delito de sedición en concurso medial con malversación. El TS había dado ocho días a defensas y acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019.
En 39 folios, explican que consideran pertinente rebajar la pena de inhabilitación de Junqueras “atendiendo a las penas previstas en el artículo 433 del Código Penal –la modalidad del delito de malversación con el que se castiga el uso del patrimonio público a fines diferentes al que estuviese destinado– y el 557.2 –relativo a los desórdenes públicos agravados–” al apreciar el concurso medial entre ambos delitos.
En otra batería de escritos, solicita al tribunal que revise también las penas de inhabilitación del resto de líderes independentistas que fueron condenados por el 1-O por delitos de sedición y/o malversación.
Considera pertinente estas rebajas al cambiar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y al optar por la modalidad de la malversación menos agravada al aplicar –tras la reforma penal– la norma que resulte más favorable a los condenados.
En concreto, pide al TS que rebaje de doce a seis años y nueve meses la pena de inhabilitación de los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa. Para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, plantea bajar de diez años y seis meses a seis años y tres meses sus penas de inhabilitación.
En el caso del expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el expresidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, reclama que se les cambie la pena de inhabilitación absoluta de nueve años por una pena de inhabilitación especial de cuatro años. Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, interesa que modifique la pena de once años y seis meses de inhabilitación y se imponga la de seis años y seis meses.
En el caso de Junqueras, la Abogacía del Estado entiende que debe sustituirse la derogada sedición, penada con entre diez y 15 años de inhabilitación, por un delito de desórdenes públicos agravados del 557.2, con castigo de seis a ocho de inhabilitación; mientras que aboga por reemplazar la antigua malversación, que llegaba hasta los diez años de inhabilitación, por la malversación más atenuada introducida por la reforma penal, con entre dos y seis años de inhabilitación.
