La Seguridad Social permitirá recuperar las prácticas no cotizadas aplicando la base de cotización del año en el que se realizaron, y no la actual, lo que supondrá una reducción en el importe a abonar respecto a lo inicialmente fijado, que eran unos 290 euros por cada mes recuperado.

Lo ha adelantado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista publicada este lunes en La Vanguardia, en tanto que el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, lo ha trasladado a patronal y sindicatos durante la reunión de diálogo social por la tarde.

La adecuación de la base de cotización al año de realización de la actividad supondrá, por ejemplo, que la cuota de 1997 sea de 101 euros por mes recuperado, según fuentes del Ministerio de Inclusión.

Además, se amplía la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta un máximo de cinco años, de forma que si se rescatan dos años pueden pagarse en cinco.

También se amplía el periodo de rescate para quienes, de acuerdo con la regulación de 2011, ya recuperaron dos años, con lo que podrán sumar otros cinco años íntegros.

Por último, se extiende a tres años y medio la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio, con la propuesta de que se pueda suscribir el convenio con la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2027, para facilitar que los interesados puedan acceder a él.

El Ministerio ha propuesto la mejora de estos cuatro aspectos después de que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se reuniera la semana pasada con más de una decena de representantes de asociaciones científicas, el colectivo más afectado por esta norma.

"Después de una semana de reuniones, hemos decidido flexibilizar las condiciones", ha señalado la ministra respecto a la orden publicada el pasado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que generó oposición sobre todo en la comunidad científica por el elevado coste que suponía para los trabajadores recuperar los años de prácticas no cotizados.

El Ministerio ha recordado, asimismo, que las cuotas del convenio especial son gasto deducible en el IRPF.

Inclusión considera que la posibilidad de regularizar hasta cinco años "es una oportunidad y un procedimiento excepcional" para que antiguos estudiantes e investigadores más senior puedan añadir años de cotización para poder acceder a una pensión o mejorar su importe. 

Es excepcional porque permite recuperar un derecho que no existía cuando hicieron estas prácticas y que ahora está vigente, ya que desde enero las prácticas formativas no remuneradas cotizan, con más de 600.000 becarios incluidos ya en el sistema.