El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el 60% de las 100.000 viviendas públicas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda que el Ejecutivo aprobó al inicio de la Legislatura están construidas o en fase de construcción.

Sánchez, durante la rueda de prensa conjunta con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de visita oficial en España, indicó que su Gobierno situó la política de vivienda como una de sus “principales prioridades”, por lo que se están construyendo o ya se construyeron el 60% de esas 100.000 viviendas protegidas que incorporaba el plan estatal.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, son unas 57.000 viviendas las que están en fase de construcción del total de las 100.000 estimadas.

Sánchez insistió en que el Gobierno quiere que España supere la media europea del 9% de vivienda protegida sobre el total, frente al 3% que posee actualmente, y contrapuso esta política con lo realizado por el Ejecutivo del PP, que durante la crisis financiera vendió a fondos de inversión muchas de esas viviendas públicas.

“Y eso hace que España tenga unas dificultades enormes, sobre todo nuestros jóvenes, de poder emanciparse y acceder a una vivienda. Este Gobierno situó a la política de vivienda como una de sus principales prioridades”, subrayó.

Por toda España

Además, recordó la movilización de 43.000 nuevas viviendas a través de la financiación de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como la disposición de otras 50.000 viviendas que son propiedad del Estado y el anuncio realizado el martes sobre la construcción de 20.000 viviendas más en suelo del Ministerio de Defensa.

La ubicación de esas viviendas, apuntó Sánchez, se conocerá con detalle cuando el Gobierno lo apruebe, pero señaló que el Ministerio de Defensa tiene propiedades en toda España y, por tanto, habrá viviendas por todo el territorio nacional.

Esto fue confirmado por la responsable del ministerio, Margarita Robles, que negó electoralismo en el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para llevarlo a cabo, el Ministerio de Agenda Urbana, a través del Sepes, procederá a la compra al Ministerio de Defensa que están en desuso y ya no se consideran necesarios para la defensa nacional.

Esto será posible después de “meses” de negociaciones, aseguró Robles, por lo que descartó que el anuncio esté relacionado con las próximas citas electorales. “Llevamos muchos meses haciendo un mapa de todo ese suelo del Ministerio de Defensa que ya no está utilizado por las Fuerzas Armadas para que se pudiera trasladar al Sepes para su uso como vivienda pública”, detalló.

OTAN

El Ministerio de Defensa dedicará el dinero que obtenga en la operación a “invertir” en las Fuerzas Armadas y “cumplir con los compromisos” adquiridos con la OTAN para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. “No es algo electoral, llevamos muchos meses negociando”, insistió.

Por su parte, la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, advirtió ayer al PP de que se va a aprobar la Ley de Vivienda para “garantizar el derecho a la vivienda en este país” y avanzar hacia el progreso, después de que los populares le acusaran en una interpelación en el Congreso de “haber regresado al franquismo” con estas medidas.

Sánchez defendió tanto el contenido de la normativa como los consensos alcanzados con ERC y Bildu para sacarla adelante, ante los reproches del diputado del PP Mario Garcés Sanagustín de pactar con formaciones que pretenden “dinamitar bases del estado democrático”.

“Lo importante es sobre qué hemos alcanzado los acuerdos. Entiendo que estén muy nerviosos (en el PP) desde que hicimos ese anuncio de aprobación de la ley. Les entiendo, porque se les ha acabado el chollo. ¡Cómo añoran el modelo del pelotazo y la liberalización de todo el suelo, de la especulación, la corrupción, la venta de vivienda pública a fondos buitres!”, respondió la ministra en su turno de palabra.

Mientras, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, criticó ayer al presidente del Gobierno por anunciar la construcción de 20.000 casas públicas cuando las competencias de vivienda son de las comunidades y le acusó de intentar “tapar” con estos anuncios la excarcelación de violadores por la ley del ‘solo sí es sí’ o la subida de precios por la inflación.

“O no tiene ni idea de que las viviendas las construyen las comunidades, que son las que tienen las competencias, o una vez más está faltando a la verdad y engañando a los españoles”, reprochó Maroto, que calificó de “burbuja llena de humo” la iniciativa anunciada el martes por Sánchez durante su comparecencia en el Senado.

Con respecto a la tramitación de la norma, Más País y Compromís mantendrán dos enmiendas con la idea de que el Gobierno apoye permitir la limitación de los alquileres de temporada y permitir al sindicato de inquilinos personarse en las grandes negociaciones con fondos de inversión o grandes propietarios.

En los pasillos del Congreso, el líder de Más País, Íñigo Errejón, explicó que la intención es mantener estas dos enmiendas en el debate de hoy para ser incluidas en el proyecto de ley, por lo que instó a los socios de Gobierno a apoyarlas. Las propuestas fueron consensuadas entre Más País, Compromís y el Sindicato de Inquilinos.

En lo relativo a la limitación de los alquileres temporales, Errejón mostró su “preocupación” por el hecho de que este tipo de alquileres, más cortos en el tiempo, puedan ser una “brecha por la que se cuelen los abusos” de grandes propietarios.

La segunda enmienda anunciada, según el diputado, servirá para que el Sindicato de Inquilinos pueda presentarse en las negociaciones con los grandes tenedores de vivienda y con los fondos de inversión.

El objetivo de esta medida, dice el portavoz de Más País, es permitir a los inquilinos ser “contraparte” en las discusiones, de manera similar en las negociaciones que puedan mantener los sindicatos con la patronal en materia empresarial.

Al ser preguntado sobre si finalmente se introducirán regulaciones de cupo en los pisos turísticos, el líder de Más País anunció que está negociando una tercera enmienda “in extremis” con el Gobierno, aunque no dio el detalle de la misma.

Para Errejón las dos enmiendas ya acordadas reforzarían la ley, que considera que es “buena”, pero alertó del riesgo de “quedarse a medias” si no se regulan los dos aspectos que contienen.