El PSOE propuso en el Congreso realizar un análisis sobre los bonos sociales eléctrico y térmico para determinar si los descuentos existentes son suficientes para mantener la adecuada protección de los hogares más vulnerables. La propuesta se enmarca en una proposición no de ley del Grupo Socialista. El documento recoge también que, en función de los resultados de dicho análisis, se adoptarán “las medidas que procedan”.

La formación socialista recordó que en España se llevaron a cabo distintas actuaciones para luchar contra la pobreza energética, entre las que destacan la puesta en marcha del bono social eléctrico y del bono social térmico, destinados a los hogares en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, el PSOE considera que, tras varios años de trayectoria, es el momento oportuno para realizar un análisis acerca de los bonos sociales eléctrico y térmico que permita extraer las conclusiones necesarias para impulsar mejoras “que redunden en beneficio de las personas que se encuentran en situación de pobreza energética”.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ya contemplaron un incremento de casi el 44% de las partidas destinadas al bono social térmico, hasta los 157 millones de euros, con el objetivo de beneficiar a 1,27 millones de hogares. Y la pasada semana el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de ayudas de 3.000 millones de euros de los PGE de 2023 para rebajar la factura energética en un 40% en los hogares del país ante el impacto de la crisis. 

Los recursos anunciados por el Ejecutivo buscan reforzar los bonos sociales (eléctrico y térmico, a los que pueden acogerse las familias vulnerables o numerosas) y una nueva tarifa regulada para que los hogares con caldera comunitaria puedan beneficiarse de un ahorro superior al 50%.