El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pasará al pleno de la Cámara Alta el próximo 17 de mayo sin modificaciones, una vez que la reunión de la ponencia en el Senado no haya introducido variaciones al texto remitido por el Congreso y se hayan rechazado las 6 propuestas de veto presentadas.

La Ley de Vivienda ha arrancado este jueves su tramitación en el Senado con la discusión de seis propuestas de veto (Grupo Vasco, PP, Vox, Cs, Navarra Suma y Junts per Catalunya) y 324 enmiendas parciales.

El texto, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de abril, pasará de esta forma al pleno del Senado el próximo 17 de mayo, cuando se espera que sea aprobado definitivamente. Posteriormente, tras ser sancionada y promulgada por el rey, la nueva ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con todo ello, la Ley de Vivienda, que se desbloqueó a mediados de abril tras más de tres años, saldrá adelante antes de las próximas elecciones del 28 de mayo.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado ha debatido este jueves el dictamen de la Ley de Vivienda, las enmiendas y los vetos presentados, entre ellos, por entender que invade las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

Durante este debate, el PNV ha denunciado que el texto incurre en evidentes excesos y en una extralimitación de las competencias del Estado que limita las facultades del legislador autonómico, al que el Estado tendría que haber dado las herramientas necesarias para desarrollar estos mecanismos. Coincide Junts per Catalunya, que ha señalado que se trata de una mala ley que invade las competencias de las comunidades autónomas y no tiene en cuenta al tercer sector social.

Desde el PP, han calificado la nueva Ley de Vivienda de “oportunista”, “populista”, “intervencionista” y “ocupista”, al tiempo que entienden que atenta contra la ley privada, ataca “sin escrúpulos” a la propiedad privada y a la libertad de empresa, perjudica a inquilinos, propietarios y al sector, no soluciona el problema de los vulnerables y jóvenes, facilita la ocupación ilegal y genera inseguridad jurídica.

Por ello, han pedido al Gobierno que rectifique antes de que sea demasiado tarde.

Desde el grupo parlamentario de Izquierda Confederal, señalan que la ley llega tarde y mal para poner la “guinda” en pleno proceso electoral con retos que son brindis electorales al sol, en tanto que ERC aplaude que la ley recupere el espíritu de la ley catalana de contención de rentas.

En el PSOE han insistido en que esta ley consolida el quinto pilar del estado de bienestar, garantiza una respuesta útil al acceso a la vivienda como un derecho y no un problema, es solvente jurídicamente, beneficia a todos los actores y no invade competencias ni de los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas.

En virtud de esta ley, se limitan las subidas de los alquileres, se establecerán medidas concretas para las zonas tensionadas, se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta o se establecen mecanismos para ampliar la oferta de vivienda social.