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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros un real decreto para asegurar que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, según anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El anuncio se producía pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.
Sánchez adelantó ayer la aprobación de un real decreto para que “nunca más los españoles paguen este impuesto”, después de que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, hubiera animado a una reforma de la ley hipotecaria, a la que achacó falta de claridad.
No se trata, explicó Pedro Sánchez, de eliminar el impuesto, ya que al tratarse de un gravamen transferido a las comunidades son estas las que deben abordarlo, sino que la intención es atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario por medio de un cambio que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD, seguirá un cauce independiente respecto a la nueva Ley Hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras casi dos años de retraso.
La voluntad del Gobierno, insistió, es garantizar la seguridad jurídica “en pos de la ciudadanía”, motivo por el que destacó su compromiso por “garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados”, y anticipó la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes. Si bien Moncloa “respeta la labor y la independencia” de la magistratura, Sánchez lamentó la situación generada por la rectificación del Tribunal Supremo, al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos.
Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado para recuperar el dinero pagado en el pasado por este concepto, Sánchez concluyó que desconoce “si tienen capacidad o no” al tratarse de un tema fuera de su competencia.
Para asociaciones de consumidores como Adicae, es una “victoria que se haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados”, y mientras algunos despachos de abogados “aplauden” al Gobierno por la medida, expertos como los del portal Idealista.com creen que “no parece muy razonable que se meta a enmendar decisiones judiciales”.
