El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado que debe procederse a una nueva valoración de las acciones de Rumasa, grupo expropiado en 1983, atendiendo a un recurso de la viuda del empresario José María Ruiz Mateos, que estima su importe en más de 13.700 millones de euros.

En una sentencia fechada el pasado 19 de junio a la que ha tenido acceso EFE, el TSJM estima el recurso de la viuda del financiero, Teresa Rivero, frente a una resolución de Patrimonio del Estado de mayo de 2021, que desestimó su solicitud de que se fijara el justiprecio del total de Rumasa en 13.712,2 millones de euros.

El TSJM se ha pronunciado cuarenta años después de la expropiación, y treinta años después de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que constató que "hubo una violación de la convención de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales".

El 23 de febrero de 1983, mediante un real decreto, el gobierno expropió Rumasa y las empresas que componían su grupo por razones de "utilidad pública e interés social", decreto que fue convalidado por el Congreso de los Diputados, y el 100 % de su capital pasó al Estado.

Entre las empresas del Grupo figuraban Galerías Preciados; Bodegas Federico Paternina; Bodegas Lan, Bodegas Berberana; Bodegas Franco Españolas; Loewe; Banco Atlántico; Banco Condal; Hoteles de Rumasa; Constructora Hispano Alemana o Seguros Minerva.

Una vez saneadas, el gobierno de entonces procedió a privatizar las empresas que formaban Rumasa, proceso que culminó en 1990 con la venta del Banco de Expansión Industrial, y el 13 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se autorizaba la extinción del grupo.

Ahora, el TSJM recuerda que en su día se aprobó la expropiación "sin perjuicio de que se procediera a la consolidación del subgrupo y una vez obtenida ésta, se conservara el dato para cuando se llegara al justiprecio de todas las demás empresas del Grupo Rumasa".

El valor por acción fijado en la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid "tiene transcendencia efectiva para los accionistas terceros minoritarios y para los propietarios", por lo que "habría de estarse a lo que resultara del proceso de consolidación total", que ya se ha producido.

De ahí que haya estimado el recurso de Teresa Rivero y concluya que debe determinarse "de forma definitiva" el justiprecio de las acciones.

Los abogados de los Ruiz Mateos explican en un comunicado que la voluntad de la familia es "poner el justiprecio a disposición de los perjudicados por las emisiones de pagarés que decidió su padre, por las que ellos van a ser juzgados en la Audiencia Nacional".

Los pagarés, que constituyen una presunta operativa de estafa piramidal, se emitieron en 2009 bajo el paraguas de Nueva Rumasa, y captaron unos 300 millones de euros de alrededor de 5.000 inversores.
José María Ruiz Mateos, que falleció en septiembre de 2015 en El Puerto de Santa María (Cádiz), fundó en los años 60 del siglo pasado el que llegó a ser el primer grupo empresarial del país, con 250 sociedades y 65.000 empleados en sectores como el agroalimentario, el turístico o el inmobiliario.