La caída de la natalidad y el aumento de la longevidad provocaron que la edad media de la población trabajadora en España aumente en más de cuatro años desde el inicio del siglo, según la publicación ‘Papeles de Economía Española’ editada por Funcas.
El estudio dedicado al cambio demográfico en España indica que estos factores están provocando una drástica recomposición por edades de la población, que tendrá efectos no solo en el tamaño de la fuerza laboral o la evolución de la productividad, sino también en la composición de la demanda de bienes y servicios o las prioridades en el gasto público de los gobiernos.
En el monográfico, ‘La economía española frente al reto demográfico’, se analiza el rápido envejecimiento de la población activa en España, el cual es intenso entre los trabajadores no asalariados, varones, asalariados del sector público, empleados de empresas pequeñas y comunidades de norte-occidental de la Península.
El análisis señala que, respecto a los perfiles de ingresos laborales por edad, se observa una desaceleración de los ingresos a partir de los 45 años y una caída acusada a partir de los 60, que sugiere una disminución de la productividad en esos grupos de edad.
Si entre 2002 y 2022 la población ocupada aumentó en torno al 18%, la población ocupada de 50 años o más se multiplicó por más de dos, mientras que la población ocupada de 16 y 29 años se redujo a la mitad. Este fenómeno afecta al crecimiento agregado de la productividad, principal motor de crecimiento económico a largo plazo, indicaron los autores.
Por tanto, para frenar y revertir este proceso de envejecimiento y evitar el potencial efecto en la estructura productiva, los analistas señalan que son claves la inmigración y la natalidad.
No obstante, la tasa de natalidad en España es una de las más bajas de la OCDE, y esto se debe a diversos determinantes como la inestabilidad laboral, que se deriva de la alta incidencia de los contratos temporales, y el elevado desempleo en España. Con la evidencia disponible, las medidas con un potencial para elevar las tasas de natalidad serían aquellas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. En particular, las que reducen el coste de la participación laboral de las madres, tales como la financiación de guarderías o las ayudas directas a madres trabajadoras, y las restricciones explícitas al uso de la jornada partida.
Sobre el futuro del sistema de pensiones en este escenario, el análisis apunta a una fuerza laboral latente que España podría aprovechar: la población mayor de 50 años. Los autores proponen un mecanismo alternativo y novedoso que reduciría la generosidad del sistema en su conjunto, a la vez que mantendría el poder adquisitivo de las prestaciones, limitando el traslado de los salarios reales a la cuantía de estas.
Por tanto, aconsejan mejorar el engarce entre el sistema de pensiones y mercado de trabajo, facilitando una transición suave entre la actividad y la jubilación, desarrollando un sistema avanzado de jubilación activa.