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viernes | 19 abril | 2024
La oposición tiene claro que existen causas suficientes para anular la compra de los dos pisos propiedad del afín a la Marea y adquiridos por el Gobierno local, por lo que formaron un frente común en forma de alegaciones que esperan que el Ayuntamiento una al expediente que se enviará al Consello Consultivo para su análisis.
El Partido Popular, que desde el principio ha llevado la iniciativa en este asunto, fue el encargado de preparar las alegaciones, en las que se recogen una docena de irregularidades respecto al local comercial de la calle de Joaquín Martín Martínez y cinco para el de la calle de Santander.
A este documento contribuyó el Partido Socialista con algunas aportaciones puntuales, mientras que el BNG también votó a favor de su aprobación en la Comisión de Transparencia celebrada ayer. Mientras, la Marea optó por la abstención.
El sentido del voto del equipo de gobierno fue interpretado como una muestra de “echar balones fuera y seguir sin reconocer las irregularidades” por la portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, quien además aseguró que la concejala Eugenia Vieito afirmó durante la comisión que “no haría falta presentar alegaciones”.
Turno del Gobierno local
Ahora que el documento ya está aprobado con el respaldo de toda la oposición, es el turno del Gobierno local de tomar el relevo, ya que debe incorporarlo al expediente con la propuesta que lleven a la junta de gobierno local.
“Pedimos que cuando se firmen las alegaciones envíen el expediente al Consello Consultivo”, concretó Rosa Gallego, quien espera que la Marea recoja en su propuesta todos los aspectos planteados por las formaciones de la oposición.
La portavoz del grupo municipal popular, encargada de convocar la Comisión de Transparencia, fue la única que compareció ayer públicamente para analizar el tema y lamentó la actitud que está manteniendo el Gobierno municipal con esta polémica.
Gallego reclamó a la Marea que deje de “dilatar” el proceso, para el que existen seis meses en los que se debe alcanzar una resolución, ya que de lo contrario caducaría y se debería volver a empezar.
La portavoz de la formación popular lamentó el “retraso” con el que está llevando el proceso la Marea, a la que criticó por poner “trabas a todo”. “Primero acusan de difamar y luego reconocen errores”, cargó Gallego.
El texto con las alegaciones aprobadas por el PP, el PSOE y el BNG recoge una docena de “irregularidades” para la propiedad ubicada en la calle de Joaquín Martín Martínez, por la que el Ayuntamiento pagó 54.575 euros para su adquisición.
La primera de ellas es que figura en la escritura aportada por el ofertante y en el Registro de la Propiedad como local comercial y en el Catastro como oficina, pese a que el programa era solo para viviendas, y en la segunda se explica que en la escritura de compraventa, realizada en diciembre, se recoge que es un local comercial.
No cumplir con la superficie útil mínima que exigen las bases para viviendas de dos dormitorios y tampoco para el más grande de ellos son otras de las alegaciones. A ellas se une según el documento aprobado que el vendedor no era el titular registral de la totalidad del inmueble cuando presentó la oferta y que el local comercial figura en el momento de presentar la solicitud con una carga hipotecaria inscrita en el Registro de la Propiedad.
La oposición también justifica que el Gobierno municipal ordenó tasar el local comercial como vivienda a pesar de que sabía que no lo era y que pagó como vivienda lo que era y sigue siendo local comercial.
La oposición también defiende que en el expediente no hay ningún informe que confirme que cumple todas las condiciones para asegurar el cambio de uso y que el vendedor no presentó ningún documento confirmando que la comunidad de vecinos del edificio había aprobado la instalación de ascensor.
Coincidencias
Las alegaciones que recogen las irregularidades de este inmueble y del ubicado en la calle de Santander, por el que el Ayuntamiento pagó 91.290 euros, coinciden en dos puntos. Estos son el incumplimiento en ambos casos de los requerimientos de subsanación que se hicieron y que la divergencia de datos en las declaraciones aportadas por el ofertante debería dar lugar a la aplicación de lo prevenido en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para este último piso la oposición también argumenta que no cumple con la superficie útil mínima para este tipo de viviendas, que no dispone de dos huecos de luz a la vía pública como se exige y que el vendedor no era el titular registral de la totalidad del inmueble cuando presentó la oferta.
