España Sábado 15 de Noviembre de 2008

Jueces y fiscales piden que no se limiten los derechos de los ciudadanos EFE > MADRID Las asociaciones de jueces y fiscales coinciden en que la reforma del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros era necesaria para cubrir las lagunas existentes respecto a delitos de pederastia y terrorismo, aunque piden garantías para que no se limiten derechos fundamentales. En este sentido, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, indicó que, si estas medidas se ajustan a principios de proporcionalidad y afectan en la menor medida posible al derecho a la libertad, no producirán ningún tipo de roce con las exigencias constitucionales. Para García la reforma es extraordinariamente positiva y era una exigencia de la sociedad que ha satisfecho el legislador. Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, indicó que una “libertad vigilada” de hasta 20 años puede conducir a una perpetuidad que corre el riesgo de acabar dependiendo exclusivamente de opiniones. Por esa razón, Gimeno espera que el anteproyecto contemple mecanismos, como la revisión periódica de la libertad vigilada, que garanticen que este tipo de penas no suponen una “perpetuidad” de restricciones de libertad. “El problema no es que la pena sea inhumana, sino que la limitación tan grande que establece la convierte en una cadena perpetua, no de privación de libertad pero si de restricción de libertades”, señala Gimeno. Tanto JpD como la APM consideran positivo el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción, ya que, según Gimeno, la inmoralidad de estas conductas es lesiva para cualquier sociedad. También el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, cree que la reforma del Código Penal introduce medidas razonables si se apela a la discrecionalidad judicial y a la revisión permanente. “No creo que haya inconstitucionalidad en la libertad vigilada, porque sólo podría venir del hecho de que esa medida fuera totalmente desproporcionada a su duración”, asegura Del Río. Desde la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz, Emilio Jesús Sánchez, cree que una libertad vigilada de 20 años es “un plazo muy amplio, aunque considera que era necesario endurecer las penas para los delincuentes sexuales. No obstante, Sánchez reclama que las reformas penales no se articulen de forma coyuntural, sino que se responda al clamor social con la debida proporcionalidad. Portada | Opinión | Ferrol | Narón | Comarcas | Galicia | Deportes | España | Mundo | Economía | Sociedad | Comunicación | Última Página | El tiempo | Titulares | Servicios | Agenda | Exposiciones | Cartelera | Correo |