• Sábado, 18 de Noviembre de 2017

Preparándose para el bréxit

En el marco de las consultas que está efectuando el Comité europeo de las Regiones (CDR), las comunidades autónomas españolas han hecho llegar a Bruselas una posición común sobre las repercusiones del bréxit.

En el marco de las consultas que está efectuando el Comité europeo de las Regiones (CDR), las comunidades autónomas españolas han hecho llegar a Bruselas una posición común sobre las repercusiones del bréxit en la economía nacional y en sus respectivos territorios. El documento ha sido suscrito por todas ellas salvo por Cataluña,  que, como bien se sabe, sistemáticamente se resiste a comparecer en instancias internacionales del brazo de la España a la que pertenece.  
Uno de los principales problemas que España en general  y las comunidades  en particular van a tener  con la salida del Reino Unido y la consiguiente reducción de los dineros disponibles es que, como consecuencia del efecto estadístico,   aquéllas van a ser más ricas en términos relativos respecto al resto de regiones comunitarias. Y ello tendrá el correspondiente impacto en la cuantía  de fondos de cohesión que puedan percibir, destinados al desarrollo de los territorios  más pobres respecto a la media. 
En estos momentos España recibe unos 5.400 millones de euros anuales en los llamados fondos de cohesión. Por todo ello, las comunidades han pedido que en las negociaciones se garantice la política de cohesión y se asegure la aportación comprometida por el Reino Unido hasta la finalización de los programas  comunitarios a los que contribuye.
Por lo que más en concreto a Galicia afecta, hay general coincidencia en que el sector pesquero lo va a pasar mal; que está condenado a ser moneda de cambio en los tiras y aflojas de la negociación, como ya lo fue durante el proceso de adhesión de España a la entonces Europa de los diez. Por desgracia, la pesca es el único sector donde la ventaja la tienen los británicos.
En este sentido, se es consciente de que el bréxit puede tener importantes repercusiones en la aplicación de la política pesquera común y en la ordenación y gestión de los recursos en aguas británicas y de las Malvinas, incluyendo el propio acceso a los caladeros en ambas zonas. El nuevo estatus podría conllevar, entre otros efectos, una pérdida de posibilidades de pesca y de puestos de  trabajo  tanto directos como indirectos. 
En consecuencia, se propone que pesca y derechos adquiridos formen parte del eventual acuerdo; que el FEMP (Fondo europeo Marítimo y de Pesca) no se utilice como variable de ajuste en las negociaciones,  y que el libre acceso a los mercados se vincule con la conservación de las posibilidades de pesca en  aguas británicas por parte de la flota europea. 
Así las cosas, y ante la complejidad de las conversaciones, se considera importante mantener la actual política de un único equipo negociador y unidad de acción por parte de la UE. Se pretende con ello asegurar el fortalecimiento de la posición comunitaria, con la pretensión compartida de que el Reino Unido cumpla con los compromisos previamente adquiridos.