La cruz a cuestas

hace falta mucha irresponsabilidad política para mantener que si Puigdemont hubiera convocado elecciones autonómicas en Cataluña, ello hubiese sido suficiente para desactivar la aplicación del célebre artículo 155 de la Constitución. Fue la propuesta que formuló la atípica portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, y que sería avalada poco después por el propio secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.
Afortunadamente, el empecinamiento de la Generalidad rebelde por seguir adelante con el proceso y el curso que el viernes tomaron los acontecimientos movió al Partido Socialista a retirar tal recomendación “por no tener ya sentido”. Y digo afortunadamente porque, de haber prosperado, hubiese supuesto una amnistía práctica al golpismo independentista y la reducción de todo ello a un problema electoral, cuando se está claramente ante un problema de restauración de la legalidad. Una salida, en definitiva, en falso.
Así las cosas, muchos se preguntan cuál es en verdad la posición del PSOE en estos momentos no sólo sobre la cuestión puntual del 155, sino también sobre esa proclamada unidad del bloque constitucionalista. Es lugar común que Rajoy y Pedro Sánchez están en “continuo contacto”. Así debe de ser porque el presidente del Gobierno sigue teniendo gran empeño en contar con el apoyo del primer partido de la oposición.
No obstante, tengo para mí que Sánchez contacta mucho más con el primer secretario del socialismo catalán, Miquel Iceta, de quien tantos apoyos ha recibido y cuya proximidad al nacionalismo y a la negociación con el independentismo es manifiesta. Aseguran los enterados que Sánchez no da paso sin llamar antes a Barcelona. En este más que delicado contencioso y en otros, como en la prevista reforma de la Constitución, pensada para dar un encaje privilegiado a Cataluña.
Caído del guindo a ultimísima hora, el Partido Socialista ha intentado y logrado descafeinar en lo posible el alcance del 155 mediante la introducción de dos enmiendas en el texto aprobado por el Senado a requerimiento del Gobierno. Por una parte, la utilización “proporcionada y responsable” de las medidas extraordinarias a aplicar. Se trata de la célebre “modulación”, que llevará a un 155 blando. Y por otra, la renuncia al control de la televisión autonómica catalana (TV3), brazo armado del sistema mediático independentista. Rajoy hubo de pasar por el aro en aras del consenso con el PSOE. Es la pesada cruz con que el presidente tiene que cargar.
No sé, finalmente, si tendrá algún recorrido –espero que no– la estratagema de no haber sometido a votación la exposición de motivos en la que figuraba la solemne proclama independentista. No es la primera vez que recurren a tal argucia. El Gobierno ya se ha personado ante el Constitucional. Pero ellos seguirán a su bola. Al final habrá de ser la Justicia penal la que antes o después haga dormir a cada uno donde debe.