PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

La diputada autonómica del PP Paula Prado no cometió delito alguno cuando fue concejala del Ayuntamiento de Santiago. Esa es la conclusión del magistrado instructor del caso, que ha dado por concluido el sumario abierto para investigar si la diputada había cometido fraude y tráfico de influencias en su etapa de concejala. Se pone fin así a un año complicado para Paula Prado, que en parte ve restituido su honor pero que durante meses se ha visto atacada por la presunción de culpabilidad que recae hoy en día sobre nuestros políticos. Y es que muchos son los que acaban confundiendo el significado de imputado y condenado, poniéndolos al mismo nivel cuando no es así. Otros antes que ella han pasado por este mismo trance. Sin ir más lejos, y dentro del mismo Partido Popular, el Alcalde de Ferrol José Manuel Rey se vio implicado en la investigación del caso Pokemon y fue imputado. Finalmente se demostró su inocencia, pero el regidor departamental tuvo que pasar un mal trago del que pudo salir bien parado pero que podría haberle costado caro. No serán estos los últimos casos mientras sigamos con la mala costumbre en España de prejuzgar y sacar conclusiones precipitadas, muchas veces tras apenas leer un par de titulares. La opinión pública es muy volátil y proclive siempre a castigar, a pensar mal. Después es más difícil reparar los daños producidos y muchos serán los que a pesar de las evidencias se escudaran en supuestos contubernios entre la Justicia y los dirigentes para explicar estas absoluciones, aunque previamente habrían aplaudido con presteza las decisiones de los magistrados de imputar a los políticos. Paradojas de la opinión pública podríamos decir. En derecho siempre se habla de la presunción de inocencia y no estaría mal que nos acordásemos de ella un poco más a menudo. Estar imputado no significa que se haya cometido delito alguno, sino que se está siendo investigado, ni más ni menos. Si me apuran, hasta no estaría de más que todos los políticos debieran pasar por estos procesos de una forma habitual. Sería una especie de ITV, por llamarlo de alguna forma, para comprobar que todo funciona bien y de acuerdo a las normas. Después, si hay delito y se condena, es cuando hay que tomar las medidas oportunas. Pero solo tras la condena, nunca antes como estamos muy acostumbrados últimamente.