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jueves | 25 abril | 2024
Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales son los principales altos cargos públicos, que en su calidad de funcionarios de la administración, se les debe de otorgar el poder necesario por elección abierta y libre de los ciudadanos, para que ellos puedan debatir en su propia Cámara de la Judicatura, las formas y estructuras necesarias para impartir justicia para todos los ciudadanos del Estado.
El Ministerio de Justicia tendría que integrarse con toda su infraestructura y pertrechos en el Gobierno Judicial.
El Gobierno Judicial sería el resultante de unas elecciones votadas por todos los ciudadanos soberanos de esta “... monarquía renovada para un tiempo nuevo”, (discurso de proclamación de Felipe VI), para así otorgarles esta representación y legitimar su poder legal, a los realmente capacitados y certificables personalmente, aquellos que vayan a ejercer tan alta responsabilidad con el fin de mantenerla estructura en una Cámara de la Judicatura sostenible y estable, capaz de actuar como un verdadero poder realmente independiente.
Ya resulta imprescindible en pleno siglo XXI generar una renovada Judicatura, al margen del actual Poder Ejecutivo, el cual hasta la fecha vino manipulando un depositado acto de soberanía delegada, de forma partidista y bajo su único interés, fundamentalmente electoral, abrazando con su alargada sombra a los poderes Legislativo y Judicial bajo su omnisciente y cínico falso sentido de Estado.
Con el actual modelo de elecciones, al enfocarse conceptualmente de únicas, para así legalmente otorgarle todos los poderes al Poder Ejecutivo, resulta de poca legitimidad por ser una vieja táctica propia de un estilo rancio, que se puede calificar evidentemente como de: “absolutismo despótico de bipartidismo alternante secular”.
Sí ciertamente alcanzó sin duda, una indudable y beneficiosa estabilidad endogámica para unos, pero ya caduca y sin futuro para el bienestar de la ciudadanía en general. A la vista están las profundas grietas estructurales abiertas en esos viejos y obsoletos edificios institucionales, enfermos graves con crisis agudas ya publicitadas en los medios.
“Mi esperanza en nuestro futuro se basa en mi fe en la sociedad española; una sociedad madura y vital, responsable y solidaria, que está demostrando una gran entereza y un espíritu de superación que merecen el mayor reconocimiento”, y “El bienestar de nuestros ciudadanos –hombres y mujeres–, Señorías, nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente; en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación”, (discurso de proclamación de Felipe VI).
Mantenernos ciegos, o mirando para otro lado, no va a detener la urgencia de entregar a cada cual su papel, para así poder exigirle de forma independiente su responsabilidad en la interpretación ante la ciudadanía. Debemos evitar que se desvíe la atención de cualquier incumplimiento, (con la cansina mezcla del revolutum e infantil latiguillo político del: “…y tú más”), para así conseguir avanzar con verdadera y eficaz justicia, aplicable de manera inmediata e igualitaria a cualquier ciudadano del Estado.
Ardua tarea será sin duda, organizar este nuevo Poder Judicial, pero no por ello menos ilusionante y meritorio para crear un nuevo Proyecto de Estado propio de una “... monarquía renovada para un tiempo nuevo”. España hoy vive su etapa más ilustrada desde los tiempos de Fernando VI y Carlos III, contamos con el Jefe del Estado más preparado, y que manifiestamente nos pide una renovación, para entrar en una nueva época que emerge aceleradamente hacia el siglo XXI.
Además, también contamos afortunadamente con la ciudadanía mejor preparada de la historia de Europa, no podemos continuar desperdiciando estas potenciales oportunidades como las que nos ofrece este momento histórico, debemos realizar una verdadera regeneración de esta importante institución, tiempo en el cual ya estamos instalados con esta oferta de nueva Monarquía Democrática. Esto evitaría la necesidad de tener que escribir un guion para un probable nuevo 23 F.
