hace años que sospechábamos que en determinados ámbitos de la Comunidad de Madrid,

hace años que sospechábamos que en determinados ámbitos de la Comunidad de Madrid, durante la etapa presidida por Esperanza Aguirre, algunos golfos se aprovechaban de sus cargos para hacer negocios personales. Ahí está quien fuera secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, en la cárcel; y ahí está toda la vertiente madrileña de la trama Gürtel, junto con el descaro con el que gestionaron desde Caja Madrid hasta el Canal de Isabel II.
No estoy acusando a la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de haber inducido o cooperado en las corruptelas de todo tipo, que incluyeron ayudas a determinados comunicadores. De lo que no sé, procuro no hablar. Pero he de recordar que Aguirre trató, enfrentándose a brazo partido con Rajoy, de situar a su número dos, Ignacio González, en la presidencia de la entonces muy rentable caja madrileña. Y que hizo oídos sordos a cuantos le sugerían que el vicepresidente de la CAM y presidente de tantas cosas evidenciaba una conducta poco ejemplar.
Ahora, salta la noticia, no por esperada menos explosiva, de que González ha ingresado en prisión por algo que, salvada la presunción de inocencia, todos sabían: que en el Canal de Isabel II hubo enriquecimientos ilícitos en la época en la que presidió esta institución concebida para el bien público.
No me parece que puedan equipararse el futuro testimonio de Rajoy y la prisión de González, contra lo que el miércoles sugerían malévolamente algunos comentaristas. Lo de González era un clamor, como lo ha sido la corrupción en una parte importante del PP madrileño, comenzando por las obras en negro de la sede. González tendrá que responder de muchas cosas: se creyó inmune e impune, como tantos otros incursos en la corrupción. Lo de Rajoy es diferente: lógicamente, tenía que ser llamado a declarar en la investigación del caso Gürtel. Porque es el más veterano de los políticos en el poder de todos los que gestionaron algo en el PP en los años de la basura. Rajoy tiene que saber más que usted o yo de lo que pasó en aquellos años, independientemente de que quien suscribe exprese su condición personal en el sentido de que el presidente del Gobierno no es un corrupto, y jamás se habría atrevido, porque no casa ni con sus modos ni con su carácter, meterse un euro en su bolsillo.
Eso no le exime de la obligación de testificar. Y abona la conveniencia de esa comisión parlamentaria acordada en los pactos con Ciudadanos para dilucidar qué ocurrió con la financiación del PP y de algunos peperos jetas en la época entre 1982 y 2011. Muchos exsecretarios generales, muchos miembros de las ejecutivas, muchos exresponsables regionales y locales han de pasar por esa comisión.
Rajoy no está siendo un mal presidente del Gobierno. Sería malo para España debilitar su figura. Pero no hay peor manera de fragilizar a quien es uno de los primeros ministros más respetados de Europa que permitir que continúe envuelto en sospechas en parte derivadas de sus pésimas reacciones ante las acusaciones que han recibido él y su partido: por eso la comparecencia judicial y parlamentaria que es necesaria.