El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley que decreta la desaparición del papel en los juzgados. Tres meses después,  se constata que se gasta más papel que nunca. ¿Cómo se entiende esto? Muy simple: El proceso de digitalización de la Justicia que tanto se anunció a bombo y platillo, no deja de ser un apaño, como tantas otras cuestiones que se nos han vendido  como verdades absolutas y resultan burdas fantasías. Según los cálculos, el volumen de papel en los juzgados gallegos ha aumentado en un 30 % desde que implantó el “papel cero”.
Esto quiere decir que, aunque la entrada de documentos ya está informatizada a través del sistema Lexnet, la digestión interna debe hacerse por medios tradicionales (imprimir en papel) mientras no se disponga de lo que se llama el expediente digital. 
El expediente digital no supone, pues, recibir por vía digital los documentos y después tener que imprimirlos y escanearlos, y construir un expediente físico en papel al igual que en el siglo XIX,  sino que todos los documentos que conforman un expediente estén en soporte digital. Ello facilita el pase de expedientes entre quienes deben trabajar sobre ellos; el trámite es más rápido y económico, y la gestión más eficiente. Evita el extravío de expedientes en papel, y la búsqueda y/o recuperación de expedientes deja de ser un problema. 
El expediente digital implantado  sólo exige presentar las demandas utilizando un sistema de internet, pero a partir de ese momento no hay más digitalización. Antes de esta “creación”, que falla más que una escopeta de feria, los escritos y/o demandas que presentaban los abogados y/o procuradores, se aportaban en papel, con copia para las partes contrarias. Se presentaban en decanato y se turnaban a cada juzgado, quien confería los traslados. Actualmente, según llega el escrito vía telemática, lo primero que debe hacer el funcionario es imprimirlo.  Si a esto añadimos que cada juzgado tiene solamente un equipo que le sirve de fotocopiadora, de impresora y de fax, la cosa se complica, Entran muchos escritos cada día. Imprimir todo esto puede completar una mañana, y hay que respetar las colas. 
Además LexNet presenta otros problemas a nivel técnico. El primero de ellos es su incompatibilidad con muchos navegadores de internet. El Ministerio de Justicia ha facilitado una tabla en su página web en la que expone los compatibles, que se reduce a unas pocas versiones de Internet Explorer y Firefox, dejando fuera a otros como Chrome o Safari de Apple. La razón de este gran inconveniente reside en que la nueva plataforma está construida en Java. 
A todo ello se une el hecho de que cada comunidad autónoma con transferencias en materia de Justicia, e incluso entre varias de las que dependen del ministerio, se ha optado por un programa diferente de gestión, lo que determina un continuo trabajo de homologación e interoperabilidad. El sistema no soporta, tampoco, el tráfico de información, las conexiones son lentas, hay falta de capacidad, se cuelga y da errores cada día. 
Los jueces  habían instado una moratoria en los plazos del plan de digitalización. Indicaron en el documento de conclusiones de su reunión anual, que aunque son favorables a las nuevas tecnologías, “el modo en el que se plantea la gestión digital es insuficiente, inadecuada, meramente propagandística y ajena a las auténticas necesidades de los juzgados”. 
Para los jueces, “la improvisación y descoordinación con la que se pretende poner en marcha el expediente digital provocará gravísimas disfunciones, a menos que se les dote de los medios y recursos imprescindibles”. El Consejo Fiscal, por su parte, coincide básicamente con estos planteamientos. 
La versión de los sindicatos no se diferencia de los anteriores. Según los cálculos de UGT Galicia, solo en los juzgados de A Coruña la generalización del sistema Lexnet ha generado un coste extra de 700.000 euros más. En definitiva, la Justicia, en su línea, solo nos da disgustos. 
Emma González es abogada