• Viernes, 24 de Noviembre de 2017

Consumado el golpe de Estado dado por los partidos independentistas la pasada semana en el Parlamento de Cataluña

Consumado el golpe de Estado dado por los partidos independentistas la pasada semana en el Parlamento de Cataluña con la aprobación de la ley del referéndum y la de “desconexión” con España, ahora el relevo lo toma la calle, donde los antisistema de la CUP tendrán un papel relevante, aunque no solo ellos, porque habrá elementos de la Asamblea Nacional de Cataluña que también agitarán la movilización en pro del referéndum. 
De momento, esa presión callejera la están sintiendo, por un lado, los más de 200 alcaldes que se han negado a ceder los espacios municipales para que se instalen las urnas el 1 de octubre. Alcaldes en su mayoría pertenecientes al PSC y que gobiernan en localidades importantes como Hospitalet del Llobregat, Mataró, Santa Coloma del Gramanet, Tarragona o Lleida. El caso del Ayuntamiento de Barcelona es distinto, porque Ada Colau es de Podemos y mantiene una postura ambigua, aunque cada día que pasa lo es menos y en sus declaraciones da a entender que facilitará lo que sea necesario para que la gente pueda votar. 
El segundo estamento que está sufriendo esa presión en la calle es la Guardia Civil, que ha recibido instrucciones de la Fiscalía General del Estado para que investigue y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el referéndum. La imagen de militantes y simpatizantes de la CUP dando papeletas, en plan provocativo, a los guardias civiles que estaban en el exterior de una imprenta donde se sospechaba que se podía haber elaborado material para el referéndum, no es precisamente la más edificante para lo que tiene que ser el Estado de Derecho. 
Los mandos políticos de la Guardia Civil –el ministro de Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director general del cuerpo– no deberían tolerar que se repitieran escenas como las narradas. La Guardia Civil, que es un símbolo de España, no está para recibir papeletas ni para aguantar provocaciones de los que se ciscan en las leyes, sino para velar para que estas se cumplan. 
Los próximos días, al menos hasta el 1 de octubre, serán complicados y estarán llenos de tensión y de desafío al Estado. Y en ese ambiente las movilizaciones, serán el recurso principal de algunos, con el riesgo que eso conlleva. Los independentistas ni quieren ni ya pueden dar marcha atrás, y el Gobierno tendrá que aplicar todos los medios a su alcance para evitar que se consume este golpe de Estado a la democracia y a la unidad de la Nación española que unos desaprensivos e iluminados quieren dar.