Faltan veinticinco días

Llega la hora de la verdad para todos: para los impulsores del proceso secesionista de Cataluña y para los que por imperativo legal tienen el deber y la obligación de impedirlo. Quedan solo veinticinco días para que este pulso sobre la celebración o no de un referéndum ilegal sobre la separación de Cataluña llegue a su fin. Un pulso, un debate cuyo inicio se remonta a la Diada de hace cinco años y que ha acaparado la atención informativa y política durante este tiempo.
Ya no hay marcha atrás posible. Los independentistas han ido demasiado lejos en sus promesas y en sus acciones, como para bajarse del burro. Mañana está previsto que se apruebe en el Parlamento de Cataluña la ley de referéndum, que a continuación sería firmada por todos los miembros de la Generalitat y también de manera inmediata sería recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional, que decretaría su suspensión también en tiempo récord.
A partir de ahí se abrirán varias incógnitas como, por ejemplo, qué sucederá si la Generalitat, como es previsible, desacata lo que dicte el Constitucional, o qué hará el Gobierno si el 1-O la Generalitat consigue instalar todas o parte de las urnas que ya ha adquirido. Rajoy cuando juró su cargo lo hizo con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley. Pues eso es lo que, tiene que hacer ahora ante el desafío secesionista.
Todo el mundo sabe que una comunidad autónoma no tiene competencias para convocar un referéndum y menos para decidir si se separa del resto del Estado. El Gobierno y el resto de instituciones que conforman lo que se conoce como el Estado de Derecho tienen los instrumentos necesarios para impedir que esa ilegalidad que supondría la celebración de un referéndum se lleve a cabo. Sabido es que Rajoy es partidario de dejar pasar el tiempo en la confianza de que eso vaya solucionando los problemas.
En este caso, esa fórmula de no hacer nada ya se ha visto que no ha dado resultado. En los próximos días tendrá que actuar, lo que implicará tomar decisiones contundentes, con un objetivo claro: que los gobernantes de Cataluña no se salten la ley y que si lo hacen se aplique el peso de esta sobre ellos, como sucede con todos los sufridos ciudadanos cuando no cumplen sus obligaciones. ¿O es que no somos todos iguales ante la ley?

Faltan veinticinco días

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