Comarcas Miércoles 9 de Julio de 2008


Los agentes sociales, divididos ante la aceptación municipal del topónimo

REDACCIÓN > A CORUÑA

No han pasado ni dos días y la polémica ya está en la calle. En el pleno municipal celebrado el lunes se ratificaba el decreto por el cual el Ayuntamiento se comprometía a emplear el topónimo oficial con los votos a favor del Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego y la abstención del Partido Popular.

Después de décadas de incumplimiento de la Lei de Normalización Lingüística, que data de 1983, A Coruña será por fin el nombre oficial de la ciudad.

Los socialistas desisten de esta forma, de presentar más recursos ante las sentencias que les obligaban a usar el topónimo gallego. Los populares, por su parte, propusieron que el tema no se cerrase de esa forma, llevándolo al Parlamento.

Ante esta nueva situación, surgen opiniones de todos los tipos entre los ciudadanos y los representantes de diferentes entidades sociales.

Por una parte, algunas personas como José Antonio Quiroga y Piñeyro, presidente de la Cámara de Comercio coruñesa, se oponen frontalmente a la nueva actitud que está adoptando el Ayuntamiento con respecto al tema. “El BNG no debería meterse en ese tema. Me parece que tiran la piedra y esconden la mano, sólo para contar con el beneficio ‘populachero’ ”, afirma. También la representante vecinal, Luisa Varela, o desde la Asociación de Hoteleros, apuntan que se debería respetar el uso de cada uno, incluido el Ayuntamiento, aunque también reconocen que los gastos en recursos han sido un derroche.

Por el contrario, el presidente de la Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro Fernández, se muestra satisfecho por la vuelta a la legalidad de María Pita, al igual que A Mesa pola Normalización Lingüística, que se alegra por la decisión que tomó el pleno, aunque advierten de que seguirán vigilando y haciendo hincapié para que el nuevo acuerdo “conduzca a un verdadero ingreso del Ayuntamiento en la legalidad lingüística y signifique emplear siempre y sin complejos la denominación oficial de la ciudad”.

Recuerdan que la administración local gastó desde el año 2004, unos seis mil euros al mes en el asunto de la denominación, en gastos de abogados y procuradores, a los que habría que sumar aún gastos en otros conceptos.

A la Mesa pola Normalización Lingüística le preocupa, además, la existencia de poderes, como el judicial que, aducen, no quieran reconocer todavía el topónimo oficial.

Asegura la entidad que esta victoria les anima a seguir luchando en otros asuntos: “Este caso demuestra que en la defensa de nuestra cultura no se puede dar ninguna batalla por perdida”.




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