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martes | 16 abril | 2024
Cuatro años hará mañana desde que un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tragedia, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos.
Una catástrofe, para más “inri”, que se producía a pocas horas de la celebración del día grande de la ciudad, el de su patrón, el Apóstol, que a la postre es el Día de Galicia. El convoy procedía de Madrid–Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche.
Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor –que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia– provocó el descarrilamiento.
Cortabitarte
Mañana, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros que nunca en estos últimos años: el judicial y el político.
En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le unió el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.
Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014.
En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente –todos ellos altos cargos o excargos de Adif–, por la decisión de la Audiencia Provincial.
Los mismos magistrados que, el 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos”.
Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes dan por hecho que otra vez optará por no declarar o solo responderá a su abogado.
La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya registró una petición de comisión en el Congreso.
La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer “la verdad” y que se haga “justicia”, y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013.
