La Fegamp pide que los municipios censen las viviendas inacabadas

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, se mostró partidario de que cada ayuntamiento haga un censo de las viviendas inacabadas con las que cuenta.

Ayer el presidente de la Fegamp y la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, se reunieron en Santiago para abordar diferente cuestiones entre las que se incluyen la nueva ley del suelo y la necesidad de terminar fachadas en viviendas inacabadas.

A este respecto, la conselleira recordó que por el momento existen 64 ayuntamientos adheridos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), mientras anima a que “sean más los ayuntamientos” que deleguen la competencia municipal de legalidad urbanístico vinculada a lo rústico para “proteger el paisaje”.

Así, Mato informó de que se evalúa que esa adhesión a la APLU “dé cobertura a un apartado de la nueva ley del suelo” en la obligación de los ayuntamientos de “exigir a los vecinos que terminen las fachadas”.

Sobre este extremo, el presidente de la Fegamp es partidario de que cada ayuntamiento “haga una pequeña investigación” sobre qué viviendas están sin terminar, y, “a partir de ahí, lo que hay que hacer es una pequeña labor de pedagogía” con los propietarios.

“El siguiente paso no es abrir ya expedientes sancionadores, ni dar plazos para que se terminen las obras, sino hablar con los propietarios, ver caso a caso, y explicarles que esa casa hay que terminarla, por convencimiento primero y por legalidad después”, afirmóel presidente de la Fegamp.

A renglón seguido, Beatriz Mato indicó que “la ley del suelo lo que viene es a ratificar la potestad que ya tienen todos los ayuntamientos de Galicia” para sancionar si es necesario a los propietarios de las viviendas que no estén terminadas. Pero Mato hace hincapié en que “ese no es el fin” que persigue la norma.

Por otra parte, Alfredo García, abogó por “replantear” el conocido como impuesto de plusvalía tras su anulación en reciente sentencia por el Tribunal Constitucional (TC), de forma que cree que los ayuntamientos deben “intentar buscar otras vías de financiación”  y reconoció que el cobro de esta tasa, tal como se hace, “en muchos casos es absolutamente injusto”. n