11º-18º
jueves | 18 abril | 2024
La jueza de Primera Instancia número 2 de Ferrol dejó vistos para sentencia ayer los autos de la demanda interpuesta por la Mudanzas Félix SL contra el Ateneo Ferrolán, al que le reclama la suma de 43.790 euros por la guarda del mobiliario y diversos materiales propiedad de la citada entidad cultural. Se trata de todo el patrimonio de que dispone el Ateneo, que fue retirado en julio de 2010 a causa de las obras de rehabilitación que el Concello de Ferrol ejecutó en la sede de la entidad, en el 202-204 de la calle Magdalena, y que desde entonces permanece almacenado en cinco contenedores en una nave del polígono Río do Pozo propiedad de la empresa de mudanzas.
Mudanzas Félix le reclama al Ateneo el abono de la cantidad antes citada, en base a un contrato firmado por el que entonces era presidente de la histórica entidad cultural, Eliseo Zaera, quien ayer declaró en el juicio que había un compromiso del Concello de Ferrol de asumir esos gastos con el montante de las obras que se estaban ejecutando.
El abogado del Ateneo, Aneiros García, solicitó la nulidad de pleno derecho de dicho contrato por falta de legitimación del entonces presidente para firmarlo, porque no contó con el consentimiento de la junta directiva ni de la asamblea de socios para hacerlo. En este sentido, apeló al artículo 18 de los estatutos del Ateneo Ferrolán, en el que se recoge que es competencia de la asamblea general extraordinaria autorizar la enajenación de los bienes patrimoniales, y puntualizó que en este caso se corre el riesgo, y así se estipula en el contrato en litigio, de que el material quede en poder de la empresa de mudanzas si no se abonan los gastos del servicio.
El letrado Aneiros García apuntó, asimismo, que había quedado acreditado que Eliseo Zaera no creía haber firmado un documento de contratación de un servicio, sino una relación de bienes para acreditar la entrega de los mismos.
Puso de manifiesto además que, tal y como declaró en el juicio el arquitecto Alfredo Alcalá, que además de redactar el proyecto de rehabilitación del edificio era el director de obra, los técnicos municipales habían aceptado la inclusión de la factura de Mudanzas Félix en la partida de una certificación a mayores por importe de 200.000 euros.
Según dijo, el Ateneo es aquí un convidado de piedra, ya que la cantidad reclamada por la empresa de guardamuebles tiene que ser abonada por el Concello, según el compromiso adquirido en aquel momento, cuando gobernaba el PSOE.
Por su parte, Cristóbal Dobarro, letrado de Mudanzas Félix, se ratificó en el escrito de demanda, precisando que los 39 euros que se solicitaban en la misma correspondían a los gastos hasta diciembre de 2013 y que la cuantía ya se ha visto incrementada a 43.790 euros, que es lo que se reclama. Indicó, asimismo, que depositar muebles no es una enajenación, por lo que el presidente estaba perfectamente legitimado para firmar el contrato, añadiendo que su representado reclamó insistentemente el pago al Ateneo porque con el Concello no tenía ninguna relación contractual. “Lo que hubo fueron compromisos políticos del anterior gobierno, pero no hay ningún documento firmado”, apostilló.
En el juicio prestaron declaración el gerente de Mudanzas Félix, Javier Ángel Porta Fraga, quien señaló que la recogida del patrimonio se la habían encargado el arquitecto Alfredo Alcalá y Eliseo Zaera. A preguntas de la demandada manifestó que en ese momento se le había dicho que posiblemente la factura se la abonaría la empresa de las obras pero que el contrato lo firmó el presidente del Ateneo.
Por su parte, Eliseo Zaera explicó que en el inicio de las obras no estaba previsto tener que retirar el patrimonio, porque se desplazaría al número 204, pero que como el Concello tuvo problemas para desalojar a DYA, se les comentó que podía haber un retraso e incurrir en una penalización, por lo que era mejor enviar el material a un guardamuebles. Añadió que fue el propio arquitecto el que habló de la empresa demandante y tanto él como por parte del Concello se le indicó que el coste sería aportado por el Concello o por la empresa que realizaba las obras –la UTE Aldasa Agrupconsa–.
En cuanto al contrato, declaró que no hubo ninguna reunión para tratar ese tema y que él firmó una relación de los bienes que se recogían.
Alfredo Alcalá ratificó lo expresado por Zaera respecto a que en principio no estaba prevista la retirada del patrimonio y también sobre el compromiso del anterior gobierno municipal. A este respecto, aclaró que su proyecto era del año 2003 y que cuando se contrató la obra en 2010 él advirtió al Concello de que iba a ser imposible asumirla con el presupuesto de un millón de euros, la empresa todavía licitó por un 20% menos, “pero Juan Leirós, el gerente de Urbanismo, me dijo que se haría un reformado para terminar la obra y cuando llegó el momento de llevar los muebles se me indicó que se haría con cargo a esa certificación”.
Alcalá declaró, asimismo, que le habían indicado a la empresa que pasase la factura al Concello, incluso el entonces edil de Hacienda, Ramón Veloso, pero que se negó alegando que entonces tendría que abonar el IVA y el pago podía retrasarse. n
