Vecinos del edificio O Penso temen que el derribo pueda dañar sus viviendas

Los vecinos del edificio O Penso de Cabanas se muestran muy preocupados por el problema que se les avecina con la demolición de las dos plantas superiores, la cuarta y la quinta, ordenada por el juzgado por no ajustarse a la normativa urbanística. El proyecto de reposición de la legalidad, que según lo dictado en la sentencia corre a cargo del Concello de Cabanas, ya se inició el pasado 10 de octubre con el acta de replanteo y la realización del protocolo de grietas, pero en breve comenzarán los trabajos propios del derribo de la estructura.
De hecho, los propietarios de las viviendas que van a desaparecer ya recibieron la notificación, firmada por el alcalde el pasado 3 de diciembre, para que el próximo día 2 de enero tengan desalojados los inmuebles.
La demolición se ejecutará en dos fases, que afectan cada una de ellas a dos cuartos y dos quintos, que son los que superan la altura permitida. En la primera fase, que es la que ahora se inicia, los pisos ya fueron abandonados por sus dueños que, ante el problema en el que se vieron envueltos sin más culpa que la de haber comprado un piso que consideraban legal y que incluso anotaron en el Registro de la Propiedad, ya optaron por adquirir una segunda residencia o ya la tenían y se trasladaron.
De ahí que la empresa adjudicataria de los trabajos haya optado por comenzar por esos cuatro pisos, mientras que los otros cuatro, que todavía están habitados, quedan pendientes para la segunda fase, que está previsto que se inicie en el plazo de ocho meses. El importe total de la intervención le supone al Concello de Cabanas un gasto de 800.000 euros, que se verá duplicado con las indemnizaciones que se prevé abonar en un futuro a los propietarios afectados.
El inminente inicio de las obras de demolición –primero se cambiará el ascensor– tiene en vilo a los propietarios de los pisos inferiores, puesto que está previsto que se ejecuten con las viviendas habitadas. En la intervención aprobada por el Concello solo se contempla el realojo de los residentes de las viviendas que van a ser derribadas, que en esta primera fase ya no es necesario, pero no de los restantes.
En vista de la situación, algunos de ellos están barajando la posibilidad de presentar una demanda en el juzgado –hoy se reúnen con su abogado–, por temor a que sus viviendas puedan verse afectadas y también por los inconvenientes de tener que soportar los ruidos y el polvo. Loli Mascaró es una de ellas y ayer manifestaba a este periódico que algunos vecinos son de edad avanzada y ya están cansados de luchar con esta “chapuza de los años 90”.
“Nosotros compramos de buene fe y no había ningún problema –dijo–, hasta que años después comenzaron las denuncias y el Concello no se presentó en el juicio, por lo que la sentencia se hizo firme y ahora hay que derribar los cuartos y los quintos”.
Esta propietaria asegura que todos tienen miedo de lo que pueda ocurrir al realizar una demolición con las otras viviendas ocupadas, y añadió que ella pidió ser realojada mientras se realicen las obras, pero no le respondieron. Según comentó, en el proyecto de derribo se incluye la posibilidad de que su piso –es un tercero– tenga que ser apuntalado y se lamenta de que el plan de seguridad solo contemple a los obreros, pero no  a los residentes en el inmueble.
Entre los afectados han comenzado a circular estos días unas fotografías que no son recientes, porque corresponden a los Carnavales de 2012, pero que les causan indignación. Se trata del velatorio del edificio O Penso, también conocido como “Elpidio”, al que acudió el alcalde, Germán Castrillón, participando en el “velorio” y portando una corona. A pesar de que el problema de los afectados tuvo su origen durante el mandato de la socialista Modesta Anca, no consideran adecuado que Castrillón, que es el que tiene que ejecutar la sentencia y buscar el dinero para llevarla a cabo, hubiese participado en esa farsa teniendo en cuenta que los afectados también son vecinos de Cabanas.