UGT exige a la SEPI los mismos derechos para los jubilados de Izar

Jubilados de la antigua Izar, actual Navantia, exigieron ayer a la dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) los “mismos derechos y compromisos” con los trabajadores que fueron prejubilados en el año 2004, en la última reconversión que afectó a los astilleros públicos. El vicesecretario general y coordinador del área de Industria del sindicato, Antonio Deusa Pedraza, explicó en una asamblea celebrada en Ferrol que dependiendo del año de jubilación, el plan de pensiones “afecta de una manera u otra, de forma desigual”. Un desfase que, según estimó, se produce a consecuencia de que “durante dos años los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplaran una congelación de las bases para el sector público”.

Por otra parte, el secretario de Transporte, Electrónica y TIC, Juan Antonio Vázquez, recordó que las organizaciones sindicales habían recurrido que se les diera a los trabajadores prejubilados del naval “el estatus de funcionarios” a efectos de congelación salarial, así como la aplicación del IPC negativo del año 2014, de un -1%.
Además, señaló que la comisión liquidadora de la antigua Izar se reunió el pasado viernes, cita en la que le trasladó a los representantes de los trabajadores que las cantidades adeudadas a los jubilados por la aplicación del IPC negativo en 2014 “se encuentran aprovisionadas” y que “están pendientes de autorización por parte de Recursos Humanos”, para “evitar la presentación de demandas individuales” y “dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de enero de este año”.

Complemento vitalicio
Los responsables de Industria de UGT también denunciaron que el complemento vitalicio que habían pactado las organizaciones sindicales con los responsables de los astilleros para sus prejubilados se vio afectado por la decisión del Gobierno de prohibir el hacer aportaciones a los planes de pensiones, según la Ley de Acompañamiento de los PGE.

Esta cuestión, según indicaron, supone una “discriminación negativa para los compañeros” que provocó que judicializaran el proceso. A este respecto, recordaron que en algunas regiones, como en Galicia, se ganaron las demandas y no se recurrió por parte de la SEPI. No así en otras zonas de España donde está implantado el astillero público. “Es de justicia y no puede afectar a unos trabajadores de manera distinta con respecto a otros cuando todos se fueron con el mismo expediente”, explicaron.