• Viernes, 15 de Diciembre de 2017

“Si todo se limita a salarios, esto no tiene recorrido”, dicen las firmas auxiliares

Lejos de atenuarse, el conflicto de las auxiliares del naval de Ferrol se encuentra cada día más enquistado y las posturas de sus dos actores principales, CIG y empresarios, más distantes. E

“Si todo se limita a salarios, esto no tiene recorrido”, dicen las firmas auxiliares
Representantes de Aclunaga, Indasa, Intaf, AEF, Nervión, Tubacer y Elinco mostraron su desacuerdo con la huelga indefinida convocada por la CIG | d. alexandre
Representantes de Aclunaga, Indasa, Intaf, AEF, Nervión, Tubacer y Elinco mostraron su desacuerdo con la huelga indefinida convocada por la CIG | d. alexandre

Lejos de atenuarse, el conflicto de las auxiliares del naval de Ferrol se encuentra cada día más enquistado y las posturas de sus dos actores principales, CIG y empresarios, más distantes. El sindicato exige como condición para sentarse a negociar cualquier aspecto de las subcontratas de Navantia el pago de las tablas salariales de 2001 y la patronal insiste en que la petición es “inasumible”.
Así lo definió ayer Ramón Franco, gerente del grupo Intaf y presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, quien asumió que “si todo se limita al tema salarial, esta situación no tiene ningún recorrido”. El representante de los empresarios señaló que “la CIG cree poco en la negociación cuando su postura es: o aceptas esto o huelga”.
Respecto a los acuerdos de 2001, un documento que se ha convertido en el caballo de batalla de ambas partes, Franco reconoció que “nunca fueron unos acuerdos, sino condiciones impuestas y, en algunos casos, bajo muchas presiones de diferentes partes”. Los representantes de los empresarios volvieron a instar a la CIG a que levante la huelga y se establezca un periodo de tiempo para sentarse a negociar este punto del convenio provincial del metal relativo a las auxiliares de Navantia.
“En una negociación las dos partes tienen que ceder y, por supuesto, existen riesgos. Por nuestra parte ya reiteramos que estamos dispuestos a llegar a acuerdos intermedios y a hacer grandes esfuerzos para ello”, alegó Ramón Franco.
Además, recordó que cuando se acordó crear una mesa paritaria con ocho miembros era para que estuvieran representados los cuatro sindicatos, incluida la CIG. De hecho, afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, “no tendría sentido formalizar un acuerdo donde no estuviesen ellos”, en alusión al sindicato nacionalista.
Tablas injustas
En lo que se refiere a la inclusión literal de las tablas salariales de 2001 en el convenio, Franco cuestionó que se trate de un documento equitativo con los trabajadores.
“Estos acuerdos establecen dos gremios: pintura y servicios y armamento y aceros. Un oficial de primera de este segundo grupo gana un 20% más que uno del primero. Otro ejemplo: los pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad se establecen como un concepto fijo mensual; eso no tiene sentido. Además son mayores en un oficial de primera que en uno de tercera. ¿Acaso le afecta más a uno que a otro trabajar en las mismas condiciones?”, se preguntó Ramón Franco.
El también gerente de Intaf lanzó otra pregunta al sindicato CIG tomando como ejemplo su propio negocio. Así, recordó que la mitad de las plantillas de las empresas que trabajan para Navantia también lo hacen para otras compañías en las que desarrollan trabajos similares. “¿Están dispuestos a asumir que los que operan para Navantia ganen un 30 o un 40% más que los que lo hacen para Megasa, Endesa o Poligal?”.
Los empresarios no eludieron reconocer que “Navantia pudo haber hecho algo más que evitar llegar a esta situación” y aseguraron que la compañía pública “tiene capacidad para definir y concretar más el marco de actuación de las empresas que quieran acceder a sus contratos”. “Cuando menos espacio haya a la interpretación, mejor”, dijo Ramón Franco, quien abogó por alcanzar un escenario de competencia leal.
El gerente de una las principales firmas afectadas, Carlos Gestido, de Nervion Industries, quiso hacer hincapié en otro de los efectos más inmediatos de esta huelga, como son las posibles sanciones por incumplimiento de los contratos.
En el caso de su compañía, que asume la gestión del programa East Anglia One para Iberdrola, reveló que la multa por cada día de retraso en la entrega de las “jackets” asciende a 150.000 euros.” l