San Fernando rechaza cualquier iniciativa que no pase por la venta

La directiva de la asociación San Fernando del barrio de Recimil ha presentado un escrito en el registro municipal en el que rechaza cualquier solución para las viviendas que no pase por el acceso a la propiedad de las mismas por parte de sus inquilinos. Las consideraciones recogidas en este documento son las que el presidente de la entidad, Amadeo Varela, pretende transmitir en persona a la corporación municipal interviniendo en el pleno de mañana jueves, en el que se debatirá el plan del gobierno para el barrio.
La propuesta de la asociación San Fernando pasa, en primer lugar, por acometer un proceso de regularización de los residentes, tal y como también sostiene el gobierno.
Será una vez finalizada esta fase cuando habría que arbitrar la posibilidad de que tanto los inquilinos históricos como los nuevos puedan acceder a su vivienda en el caso de estar interesados en ello, sostiene la entidad, y el procedimiento que considera debería abrirse pasaría por la amortización. Se basan para ello en el Reglamento de las Viviendas Protegidas del año 1939, que planteaba precisamente esta posibilidad. Con la amortización, dice la asociación que preside Amadeo Varela, “valería para demostrar a inxustiza cometida cos nosos pais e/ou avós, e, de rebote, serviría para recuperar a dignidade de todos os que dun xeito u outro fomos acusados de aproveitados e de vivir a costa dos demais ferroláns”. La asociación pide también que en cualquier gestión que se realice en relación con el futuro del barrio haya una representación vecinal, ya que son precisamente los residentes, apuntan, quienes mejor conocen las particularidades de Recimil.
En cuanto al planteamiento de mantener la titularidad del suelo de Recimil en manos del Concello, que planteó el PSOE y aceptó el gobierno del PP, la entidad San Fernando considera que puede abrir la puerta a “volver ás andadas con outra desclasificación e derribo”, aludiendo a la que promovió el PP desde un gobierno anterior.
Por último, apuntan que aunque los vecinos accedan a la propiedad de las viviendas no se perdería la catalogación del barrio.
La asociación se muestra convencida de que los inquilinos históricos fueron víctimas de una estafa o, al menos, de un error administrativo, y asegura que tiene pruebas documentales suficientes para demostrarlo. n redacción