El pleno de la corporación del Concello de Ferrol votará hoy una propuesta que constituye el primer paso de los tres que habrá de dar este organismo para la municipalización del Consorcio Pro-Feiras e Exposicións. Se trata de crear una comisión evaluadora que tendrá que elaborar un informe para justificar la conveniencia de que la institución municipal asuma la mayoría en FIMO, que después habrá que aprobar también en otro pleno. Posteriormente vendrá su exposición al público y la apertura del oportuno período de presentación de alegaciones. Resuelto todo eso, el asunto volverá a una sesión plenaria para su aprobación definitiva.  
Según la propuesta que ayer pasó por la Comisión de Economía, Facenda e Recursos Humanos y que hoy se someterá a la votación del pleno, la comisión evaluadora estará formada por los concejales de Economía, Urbanismo y Turismo, el interventor y el viceinterventor, el tesorero, el secretario y el jefe de la sección de cultura en el Ayuntamiento. Su propuesta deberá argumentar la conveniencia de que el Concello pase a ostentar el 72% en FIMO y la Cámara de Comercio, el 28%.
Como se recordará, el consejo de administración del consorcio ya aprobó la ampliación de capital por valor de 500.000 euros y la parte empresarial renunció a suscribirla, por lo que el Concello asumirá la inyección financiera y con ella tomará las riendas de la gestión del recinto de Punta Arnela.
Inicialmente, la intención es que posteriormente entren también a formar parte del consorcio la Xunta de Galicia y la Diputación, si bien ayer el concejal de Economía, Alejandro Langtry, apuntó que lo importante es que aporten financiación. “Se trata de garantizar la viabilidad de FIMO, que ojalá participen, pero no es imprescindible”, explicó el edil, que recordó que se están cumpliendo las condiciones que pusieron las administraciones provincial y gallega en cuanto al plan de ajuste y la municipalización del recinto.
Estas medidas se adoptan ante la calamitosa situación económica que vive FIMO desde hace unos años. La deuda asciende a más de 2,2 millones de euros y la plantilla, que ya se ha recortado de 17 a nueve trabajadores, lleva en este momento cuatro meses sin cobrar. Este asunto también será abordado en el pleno, al que el grupo de gobierno planteará la aprobación de una partida extraordinaria de 150.000 euros para afrontar el pago a los empleados.