El personal de las Cámaras denuncia que la nueva ley gallega los ignora

La Asociación de Personal de las Cámaras de Comercio denuncia que la nueva normativa que está preparando la Xunta pasa totalmente por alto a los trabajadores. Así se lo han hecho constar a los diferentes grupos parlamentarios a través de un escrito en el que reclaman que se garanticen las prestaciones a las empresas y llaman la atención sobre el hecho de que dichos servicios solo se podrán mantener contando con el personal.
“El borrador de la nueva Ley Gallega de Cámaras carece de la más mínima referencia a los derechos de los trabajadores”, señala la asociación en un comunicado. Según denuncian, la normativa tiene menos consideración con el personal de las entidades que con su patrimonio, “que sí está contemplado”, y lo aparta de la tutela de la administración. Los responsables recuerdan que la Xunta siempre fue la administración tutelante de las cámaras y que sus presupuestos, de hecho, únicamente podían entrar en vigor tras su preceptivo visto bueno. “La falta de ejercicio de esa tutela y de control ha sido uno de los motivos de la crítica situación en la que se encuentran algunas de nuestras corporaciones, incapaces de hacer frente al pago de salarios e indemnizaciones”, señala el comunicado. En este caso está la plantilla de la Cámara de Ferrol, a la que se le adeudan siete nóminas.
La de la ciudad departamental es junto a las cámaras de Lugo y Ourense, las que se encuentran en una situación más crítica. Con un proceso electoral fallido, en el que no se presentó ninguna candidatura, todo parece indicar que los pasos a seguir pasen por la absorción por parte de la Cámara de Comercio de A Coruña, una posibilidad que contempla la nueva ley gallega.

reducir entidades
Desde la Asociación de Personal, Augusto Aláez dice que las cámaras sufren esta situación debido a la falta de control, que debió ejercer la Xunta, y critica que ahora esta dirija sus esfuerzos a reducir el número de entidades pasando por alto a los trabajadores, que “somos los que cumplimos con nuestra ogligación”.  
Ferrol y Lugo son las que están en peor situación, explica, aunque a continuación puntualiza que tampoco existe información suficiente sobre el resto. Denuncia, al respecto, que no se ha hecho público el informe elaborado por el Consello Galego de Contas durante los años 2012 y 2013 y que se pretenda saldar la mala gestión y falta de responsabilidad únicamente por la vía de los despidos.