11º-17º
jueves | 18 abril | 2024
El juzgado de Instrucción número 5 de Ferrol será el encargado de decidir si ejecuta una petición de desahucio contra Silvia Teixeira, una vecina de Caranza sin recursos y que lleva desde agosto sin hacer frente al pago de su alquiler, pero que ayer presentó un informe acreditando que el inmueble pertenece a la Xunta y no a su casera y, por lo tanto, no se puede arrendar.
Esta madre de dos hijos de 17 y 20 años aseguró ayer antes de comparecer en los juzgados que ni tiene trabajo ni prestaciones sociales de ninguna administración y que desde hace unos ocho meses no es capaz de hacer frente a los 325 euros de alquiler que le cobraba su casera, con la que intentó renegociar sin éxito este contrato.
Sin embargo, la mujer alegó en su defensa, que existe un informe del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que acredita que el inmueble en el que está alquilada no está registrado a nombre de su casera, sino del organismo público. “Venía a cobrar cada poco, pero no me daba recibos. Me decía que le hacía falta dinero y día tras día venía con una excusa”, declaró Silvia Teixeiro antes de entrar a la vista. Según su testimonio, la arrendadora arguyó cuestiones como que no “tenía tinta en la impresora u otro tipo de excusas” para no entregarle comprobantes del alquiler.
En la misma línea se pronunció Inacio Martínez, portavoz de la plataforma Stop Desahucios, quien insistió en que existe “documentación de la falta de legitimidad para que la rentista pudiese alquilar y por lo tanto desahuciar”. Además, como testigo de esta situación irregular acudió al juzgado la hija de la primera propietaria de la vivienda, quien aseguró que ella –con derecho sobre esa propiedad– no fue informada de la operación de compraventa de este inmueble a la actual rentista.
Se espera que el juzgado emita una resolución en el plazo de unos diez días y se acordó tras la vista ampliar la fecha del posible desahucio hasta el 15 de febrero.
Cruce de acusaciones
Al margen del episodio judicial, la situación de desamparado de esta mujer desembocó ayer en un cruce de acusaciones entre el Concello y la Xunta de Galicia. La concejala de Benestar Social de Ferrol, Saínza Ruíz, afirmó que el Concello, tras conocer la situación de esta familia, intentó tramitar de urgencia un Bono Aluger a través de la comisión provincial del IGVS, pero que resultó imposible porque la oficina “está cerrada desde el 20 de noviembre hasta el 20 de enero”.
Algo que la Xunta se encargó de desmentir durante la tarde, tachando esas declaraciones como “falsas”. La Consellería de Infraestructuras e Vivenda aseguró que el personal responsable de la dicha oficina atendió en varias ocasiones a la familia monoparental en riesgo de desahucio, la última vez el pasado viernes día 12.
“En esta visita, la mujer recibió asesoramiento para presentar la solicitud del bono de alquiler social del IGVS, y mismo se le ayudó a cubrirla. La interesada quedó en dar cuenta de la dicta solicitud a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ferrol para que emitan el correspondiente informe social que debe acompañarla”. Asimismo, desde la Consellería insistieron en que la Oficina de Reconduce informó a la mujer de que la solución del bono lleva aparejada la busca de una vivienda alternativa.
Saínza Ruíz, quien también acudió a la concentración organizada a las puertas de los juzgados por las plataformas antidesahucios de Ferrol, explicó que la mujer queda emplazada a una cita mañana mismo con los responsables de servicios sociales para buscar una solución al respecto.
Según la concejala, la mujer afectada “podrá tener casi de inmediato las prestaciones municipales, aunque esto no resuelva el problema de inseguridad económica que mantiene esta familia y que les impide hacer frente a un alquiler, lamentó la edil.
Por ello, Saínza Ruíz estima que “lo que necesita esta familia es un alquiler mucho más barato, que se lo puede proporcionar la Xunta, que es la que tiene las competencias en materia de vivienda según la legislación actual”. En caso contrario, afirmó la responsable de Benestar Social, pondrán a su disposición alguno de los pisos que el Concello tiene disponibles, “aunque esto conlleva muchos trastornos”.
