Una mujer reclama a su expareja los gastos de rehabilitación de su hijo

Vanesa Martínez, una vecina de Ferrol con el síndrome de Arnold Chiari – una enfermedad atípica que afecta a la médula espinal– lleva años intentando conseguir que su hijo –con la misma afección– reciba en la Seguridad Social las sesiones de rehabilitación que actualmente tiene que costearse de forma privada.
La mujer, que actualmente está desempleada, cobra una pequeña renta y recibe la pensión alimentaria del padre del menor, del que está divorciada. Su expareja, según ella denunció, se niega a hacerse cargo de la mitad de los gastos de rehabilitación privada, así como de otras consultas fuera del sistema público de salud y los respectivos desplazamientos.
Mediante la vía judicial Vanesa consiguió que el juez obligase al padre de su hijo a abonarle casi 1.200 euros por el seguro médico privado que había contratado, incluso cuando éste daba también cobertura a la propia mujer y una hija de otra relación –que también sufre el síndrome de Arnold Chiari–.
Sin embargo, el magistrado desestimó la solicitud de Vanesa de que le fuesen abonados otros 850 euros como gastos de rehabilitación y más de 1.800 de gastos médicos, al no considerarlos extraordinarios y, por tanto, fuera del acuerdo de divorcio.
En la sentencia, el titular del juzgado de primera instancia número 1 de Ferrol dio por buena la declaración del padre del menor que aseguró que su expareja había decidido “no seguir la rehabilitación en los centros de la Seguridad Social y llevarlo a centros privados”. Algo que la propia Vanesa niega. De hecho, afirma que nunca le dieron esa opción en la sanidad pública.

en casa
El único informe al respecto que le proporcionaron en el Área Sanitaria de Ferrol, fue el de la médico rehabilitadora del Novoa Santos, que “recomendó que la rehabilitación se hiciese en el propio domicilio”, sin la supervisión de ningún profesional. Este informe fue tenido en cuenta por el propio magistrado en su argumentación para no considerar como un gasto extraordinario las sesiones privadas de rehabilitación que Vanesa ha tenido que costearse sin apenas ingresos.
La mujer ha conseguido, no sin esfuerzo, varios informes que contradicen lo emitido por la responsable del Novoa Santos. 
Ángel Sesar, uno de los neurólogos más prestigiosos de España, recientemente nombrado director Cultura de la Sociedad Española de Neurología –una sociedad científica con más de 3.000 miembros– aportó un informe desaconsejando tajantemente que estos ejercicios de rehabilitación se realicen en el domicilio sin la supervisión de un profesional, dadas las circunstancias de salud de su entorno y del propio niño, que ha sido diagnosticado recientemente con Asperger.
Además, el especialista en traumatología de la clínica Quirón de Ferrol, José Álvarez Martín presentó asimismo un informe en el que indica que la rehabilitación de forma controlada, pautada y seguida por un facultativo desde el año 2013 había producido mejoras considerables en el menor. Y eso, teniendo en cuenta que solo puede costearse una sesión semanal.
Y es que los especialistas del Servicio de Neurocirugía pediátrica del Hospital Vall D’Hebrón de Barcelona, que también atendieron el caso del menor, han recomendado  como “muy conveniente” realizar varias sesiones semanales para frenar la escoliosis derivada del problema medular que sufre, con síntomas simulares a los de la fibromialgia o la ELA.

sin cobertura
Además, Vanesa ha conseguido un escrito del Servizo Galego de Saúde en el que consta que según el Real Decreto 1030/2006 que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se excluye la rehabilitación crónica y solo se presta a aquellos con “déficit funcional recuperable”.
Con este nuevo arsenal de documentación, Vanesa presentó ayer un recurso de apelación al auto del pasado 1 de abril para constatar que no acudió a los servicios privados “por capricho” –como se desprendía de la sentencia–, sino porque algunos de los mejores especialistas del país recomiendan que se haga bajo supervisión médica y porque, en definitiva, la Seguridad Social no cubre este servicio en el caso de lesiones crónicas.
Con ello, esta joven desempleada y con escasos recursos, espera que la Audiencia Provincial de A Coruña considere su solicitud de declaración como gasto extraordinario los más de 2.700 euros que reclama al padre de su hijo.