• Domingo, 28 de Mayo de 2017

El Juzgado ordena el embargo del recinto de FIMO por el impago de 443.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol ha dictado un auto de embargo de todo el recinto de FIMO por el impago de cerca de 443.000 euros, cantidad que reclama NCG Banco por un préstamo suscrito en 2009, cuando todavía era presidente del Consorcio Pro Feiras e Exposicións Francisco Cruz.

El Juzgado ordena el embargo del recinto de FIMO por el impago de 443.000 euros
La operación financiera de 2009 se realizó con los terrenos de Punta Arnela como garantía	D.A.
La operación financiera de 2009 se realizó con los terrenos de Punta Arnela como garantía D.A.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol ha dictado un auto de embargo de todo el recinto de FIMO por el impago de cerca de 443.000 euros, cantidad que reclama NCG Banco por un préstamo suscrito en 2009, cuando todavía era presidente del Consorcio Pro Feiras e Exposicións Francisco Cruz. Según la información recabada por este periódico, se trata de una operación ordinaria en el funcionamiento de la entidad, que financiaba con créditos sus actividades y para devolverlos después con las ayudas de las administraciones, que se ingresaban normalmente a final de cada ejercicio.  
El crédito se firmó el 1 de abril de 2009 y en el mismo se estableció como garantía los terrenos en los que se asientan la feria ferrolana, un total de 47.000 metros cuadrados. Fue el Consorcio Pro-Feiras e Exposicións quien suscribió aquella operación financiera y a esta entidad se dirige la notificación judicial, con sello del Servicio Común de Notificaciones y Embargos fechado el 29 mayo. En ella se indica que se puede solicitar una revisión, pero que esta, en todo caso, no paralizaría la ejecución del embargo, al que se da un plazo de un mes.   
El Consorcio Pro-Feiras e Exposición sigue siendo en estos momentos una entidad con mayoría de la Cámara de Comercio de Ferrol. El órgano empresarial, en situación de desgobierno desde noviembre pasado y con una gestora desde febrero, controla el 55% y el Concello de Ferrol el otro 45%, dado que no ha culminado todavía la ampliación de capital impulsada por la institución municipal y con ella el nuevo reparto accionarial que le dará la mayoría. Así, el concejal de Economía y vicepresidente del consejo de administración de FIMO, Alejandro Langtry, aseguró ayer que no dispone de ninguna comunicación oficial de la orden de ejecución hipotecaria. Este diario se dirigió también a la Consellería de Industria, de la que depende la subdirectora xeral de Comercio y también presidenta de la gestora de la Cámara, Marta López Quintás, para solicitar información al respecto.

declive
En el momento en el que se pidicó el crédito por el que ahora FIMO podría pasar a manos de NCG Banco, la actividad ferial se desarrollaba con normalidad y no había indicios de la debacle económica que pronto iba a producirse.
A comienzos de ese año se habían puesto en marcha unas obras de remodelación de los pabellones inscritas en un plan de modernización del recinto que se cifraba en diez millones de euros y cuya primera fase, que finalmente fue la única que llegó a ejecutarse, supuso 700.000 euros. Se concretó en la ampliación del edificio de la Cámara de Comercio para dotar a FIMO de nuevas aulas y un espacio destinado a archivo.
La Diputación de A Coruña, la Xunta y el Ministerio de Industria, a través del Plan Ferrol, habían comprometido su apoyo a aquel ambicioso plan, en el que se incluían entre otras cosas la construcción de un aparcamiento subterráneo para 300 coches.
Un año después la realidad de FIMO había dado un giro de 180 grados. Bajo la presidencia de Xoán Gato se reconocía a finales de 2010 un “agujero” económico de 250.000 euros que en los ejercicios siguientes no dejó de crecer y que, al menos en parte, se debió a los impagos y retrasos en las ayudas económicas que antes llegaban de las administraciones públicas.
Comenzó entonces el declive, los despidos, los recortes salariales y los planes de viabilidad fallidos hasta el momento actual, en el que solo quedan en el recinto cuatro trabajadores con nueve nóminas y una paga extraordinaria impagadas. Como referencia del volumen de deuda, a finales del pasado año se reconocía que ascendía a más de 2,2 millones de euros. n