Hace 18 días que el agua dio resultados negativos en un análisis de Emafesa

Hace 18 días que el agua dio resultados negativos en un análisis de Emafesa
crisis agua rueda prebsa Suarez y Blanco

Cuando se haya solventado la “crisis” del agua será el momento de dirimir responsabilidades. Así lo hará el gobierno local de Ferrol y también la Xunta de Galicia, ya que ambas administraciones se culpan de conocer con bastante anterioridad que el agua no era apta para el consumo humano –según los parámetros establecidos, aunque debería darse un consumo continuado durante años para que llegase a tener efectos sobre la salud– y no haber tomado la decisión de prohibir su uso hasta este jueves.
En este sentido, el regidor Jorge Suárez anunció ya que pedirá responsabilidades tanto a la Xunta como a la parte técnica de Emafesa, ya que los primeros análisis negativos datan del 29 de junio, la Xunta recibió la primera información el día 13 y no fue hasta el día 16 cuando se ponen en contacto con los Concellos por parte de Sanidade.
Desde la consellería de Sanidade también está previsto llevar a cabo una investigación sobre el proceso para saber dónde estuvo el fallo y ayer la jefa territorial, Cristina Pérez, explicó que la primera comunicación por parte de Emafesa, entidad mixta que preside el alcalde de la ciudad de Ferrol, les llegó el día 13 –14.35 horas– con un análisis obsoleto, ya que databa del 29 de junio. Al día siguiente, remite dos escritos al alcalde y a Emafesa vía fax advirtiendo de que se necesitan datos actuales y de que no se puede dejar pasar tanto tiempo sin informar a la Xunta –según este organismo el plazo para indicar análisis negativos es de 24 horas–. Al día siguiente –día 15– Emafesa remite de nuevo otros análisis, aunque también con fecha antigua, esta vez del 16 de julio y también negativos, por lo que, tras una reunión con la conselleira y técnicos se decide que, al no ser apta para el consumo por los parámetros establecidos –supera los 100 microgramos de trihalometano por litro–, es necesario advertir a los Concellos como así se hizo el día 16 a primera hora. Fue entonces cuando se puso en marcha la prohibición y se enteraron los alcaldes de los municipios a los que suministra Ferrol. El alcalde, Jorge Suárez, asegura no haber sido informado por Emafesa de lo que ya sucedía desde el día 29, pese a presidir la empresa, al tener el Concello la parte mayoritaria de la misma. 
De todos modos, la jefa territorial destacó que la principal preocupación es tranquilizar a la población, ya que la sustancia que se encuentra en el agua no influye en la salud si no es por un consumo continuado durante años y solo se prohíbe su uso por cuestiones de legalidad, regidos por un decreto que data de 2003, y existen, en este sentido, unos parámetros que no pueden superarse. El Ayuntamiento, explica Cristina Pérez, tiene las competencias, obligaciones y responsabilidades de garantizar la calidad de agua de consumo y la Consellería de Sanidade funciona como órgano de inspección, control y verificación.
La petición de responsabilidades se hace extensiva a los grupos de la oposición de los distintos Concellos y también del Parlamento gallego. 
Así, en Ferrol, el grupo municipal del BNG acusa de “neglixencia” tanto a la Xunta como al gobierno local, a la primera por contar con los datos de Emafesa previamente y no comunicarlos al Concello y al gobierno de Suárez por haber entrado por registro  municipal la información el día 14 y no actuar hasta dos días después. El grupo pide a ambas administraciones que “centren os seus esforzos en garantir o subministro de auga aos veciños de Ferrol” y plantea como opción óptima la utilización de la red de agua del Belelle, que presta servicio a las instalaciones militares y que podría conectarse con la red municipal.
Los “populares” de Ferrol, Narón y Ares  también han pedido explicaciones. En el caso del concello de Narón, reclaman al alcalde, José Manuel Blanco, que exija responsabilidades a Ferrol. También piden claridad en Ares y Ferrol, aludiendo a que no se ha convocado ninguna junta de portavoces –en el caso de Ferrol la hubo ayer, una vez que ya se habían anunciado públicamente las medidas– pese a la seriedad del tema.
Más allá de los Concellos, el BNG y AGE exigen la comparecencia de la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, en el Parlamento para explicar las circunstancias que motivaron esta prohibición de consumo y qué protocolo de actuación se ha seguido. 
La diputada y concejala socialista Beatriz Sestayo acusó de “lentitude e desinterese” al gobierno gallego, al que pide responsabilidades políticas y aseguró que la  Consellería no participó en el gabinete de crisis del gobierno de Ferrol “pese a ser convidada e confirmar a súa presenza”. Sestayo, en la misma línea que el alcalde, acusa a la Xunta  y considera “en todo punto inconcebible que o goberno galego non informe aos Concellos dende o primeiro momento para tomar decisións e preparar a resposta”. 

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