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viernes | 19 abril | 2024
El pleno de fin de mes sirvió ayer para aprobar dos cuestiones que han centrado la actualidad de las últimas semanas. El gobierno consiguió –como estaba previsto– el apoyo del PSOE e IF para el plan de futuro de Recimil, mientras que se quedó con sus únicos votos y el de Juan Fernández para sacar adelante las ordenanzas fiscales para el próximo año.
El debate en la cuestión de Recimil discurrió por los mismos derroteros que pusieron de manifiesto las diferentes intervenciones de los grupos municipales en los últimos días. PP y PSOE lamentaron que el consenso no se hubiera ampliado a otras fuerzas políticas y destacaron que las bases que quedaron sentadas en el pleno permitirán zanjar los vaivenes de los últimos 30 años. Estas pasan por la regularización de inquilinos; el acceso a la propiedad de los vecinos históricos manteniendo el suelo en manos del Concello; la rehabilitación a través de los sucesivos presupuestos municipales y de la ayuda de otras administraciones; la ampliación de las viviendas destinadas a fines sociales y la creación de una comisión de seguimiento entre otras cuestiones. EU y BNG calificaron la iniciativa de electoralista y vacía de contenido.
El PP se suma a la moción de la oposición para ejecutar mejoras en accesibilidad
En cuanto a las ordenanzas fiscales, gobierno y oposición expusieron dos visiones muy diferentes de la propuesta. Mientras que el concejal de Economía, Alejandro Langtry, aseguró que se congelan la tasas, se reducen algunas de ellas y aumentan las bonificaciones, el resto de grupos hicieron una lectura distinta, que el portavoz nacionalista, Iván Rivas, sintetizó señalando que el aumento de la presión fiscal durante el mandato del PP se demuestra con que cada año se ha incrementado la recaudación cuando el número de contribuyentes es cada vez menor.
Las críticas de la oposición se centraron en la tasa de saneamiento –100 euros al año para una familia media, dijo el concejal socialista Jaime Pena–, en la del servicio de bomberos –que se cobrará “a coste real”, dijo Langtry para quienes no tengan convenio con Ferrol y que aprovecharon los grupos para demandar una comarcalización real del parque–, y en la rebaja de la tasa de terrazas, que criticaron tanto Esquerda Unida como el PSOE.
En el capítulo de mociones, el grupo popular se sumó a la presentada por socialistas, EU y BNG sobre actuaciones de accesibilidad en aceras de la ciudad, en la que se pedía una inversión de 208.000 euros para estas mejoras. En este punto intervino Mari Morado en representación de la asociación Grupo Diversidade Funcional para describir las dificultades a las que se enfrentan las personas con problemas de movilidad a diario. El concejal Borja Carro anunció que está en proceso de elaboración de una ordenanza de accesibilidad.
