Denuncian el deterioro de las condiciones laborales en los nuevos contratos del naval

El Sector Crítico de CCOO hizo público ayer un comunicado en el que denuncia que dentro de Navantia conviven trabajadores de auxiliares de primera y de segunda. El colectivo sindical explica que junto a los operarios de subcontratatas que han aguantado pese al bajón de actividad y que cumplen los acuerdos de 2001 están los que han sido contratados de nuevo, tras pasar por el paro, que cobran por las tablas del convenio provincial.
Ponen como ejemplo la situación de la plantilla de Maessa, donde hay ahora “dúas clases” de trabajadores, con una diferencia salarial que para un oficial de primera puede suponer unos 400 euros al mes. Señalan también el caso de Ainair, que consideran “sangrante”. Sus empleados, afirman los “críticos” de CCOO, cobran 11 euros brutos por hora incluido el prorrateo de las pagas extra y las vacaciones. El comunicado denuncia también la actuación de la principal, que “en datas recentes contratou en Cartagena dous traballadores a través da ETT Adecco”.
El Sector Crítico de CCOO recuerda que ya demandó en su momento la creación de bolsas de empleo para evitar el deterioro de las condiciones laborales cuando la actividad se recuperase. “O tempo, por desgraza, está a darno-la razón”, señalan los sindicalistas, que consideran que el comité de empresa está guardando silencio sobre este problema y llama a la lucha de todos los trabajadores unidos.
Tanto el comité de empresa de Navantia Ferrol como las federaciones de industria de los principales sindicatos denunciaron antes del verano, a raíz de la resolución de los primeros contratos de obra del flotel de Pemex, que Navantia está ignorando los acuerdos suscritos en 2001, según los cuales se garantizan unas condiciones laborales por encima del convenio provincial a todas las empresas auxiliares que entren a trabajar en el astillero.
Ese marco laboral permitió, por ejemplo, que la empresa viguesa Regenasa se llevase el principal lote de obra del flotel, el correspondiente a la habilitación, con una oferta que estaba en torno a unos cinco millones de euros por debajo de las presentadas por el resto de las concursantes. La baja en el precio se realizó, según denunciaron ya en su momento las principales centrales sindicales, a costa de las condiciones salariales de los trabajadores.