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jueves | 25 abril | 2024
El juzgado contencioso administrativo acogerá esta mañana –9.15 horas– la citación testifical de varios concejales del Concello, como resultado de la denuncia efectuada por el gobierno local contra el acuerdo plenario del 24 de noviembre de 2016 por el cual se aprobó –con los votos a favor del PP y el PSOE– la retirada de dos dedicaciones exclusivas al ejecutivo y el reparto de estas de modo que el gobierno local se quedó con tres –más la del alcalde– frente a las ocho de la oposición –cinco el PP, dos el PSOE y una el BNG–.
La demanda, aunque en su día se indicó que llegó al juzgado con el consenso de todo el gobierno, está firmada por cinco de los ocho ediles del ejecutivo –Álvaro Montes, Saínza Ruiz, Suso Basterrechea y Luis Victoria y la edil no adscrita María Fernández–. De este modo, podrán acudir como testigos los demás representantes del ejecutivo, la otra concejala no adscrita que también forma parte del gobierno, Rosa Méndez, y el propio regidor local, Jorge Suárez.
Además de estos dos miembros del ejecutivo, están citados a testificar el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas, y la portavoz de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret.
El regidor local aludió ayer a los motivos por los que se presentó esta demanda, al indicar que “non se xustifica a proporcionalidade no reparto de dedicacións exclusiva, porque entendemos ten que primar o rigor de funcionamento de goberno. Para desen-volver unha acción de goberno sendo únicamente sete concelleiros necesitamos dedicación exclusiva e é dificilmente entendible ese pacto PP-PSOE que nos deixou aínda máis limitados para a desenvolver as nosas accións”.
Pese a que las dedicaciones exclusivas mermaron además las percepciones económicas de los ediles –algunos como la concejala de Urbanismo perdió su dedicación exclusiva y está inhabilitada para ejercer su profesión por incompatibilidad con su concejalía–, el alcalde, Jorge Suárez, explicó que “non é unha motivación económica senón puramente política e esperamos que o Xulgado nos de a razón”.
Como consecuencia de estas declaraciones, el pleno municipal se pospone hasta las 11.00 horas, aunque estaba previsto para las 10.00, ya que las citaciones judiciales prevalecen sobre los ritmos administrativos.
