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miércoles | 24 abril | 2024
El acusado por el atropello mortal ocurrido en Cedeira en 2012 declaró ayer por primera vez ante el tribunal en la que fue la segunda jornada de este juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña.
El encausado, Maximino Caruncho, aseguró ayer durante su comparecencia ante el jurado que cuando se dio cuenta de “a quién había atropellado” entró en “shock”, al tiempo que desacreditó los atestados de la Guardia Civil, lo cuales calificó de “mentiras” porque, dijo, no estuvo persiguiendo a la víctima por la espalda para matarlo.
Y es que esa supuesta intencionalidad de acabar con la vida de Juan José García es lo que intenta desmontar su defensa, en contra del criterio de la Fiscalía y de la acusación popular, que insisten en que el acusado siguió con su coche a la víctima hasta que se le presentó la oportunidad de atropellarlo.
El móvil que barajan las acusaciones se basa en que, debido a que mantenían “desde hacía al menos cinco años una intensa enemistad”, el procesado sentía un “fuerte resentimiento” y decidió “aprovechar las circunstancias para vengarse de él por todas sus denuncias y demandas”.
En esta línea, el propio Maximino Caruchó alegó ayer que “nunca” tuvo problemas con nadie porque, según sus palabras, “las cosas se arreglan en los juzgados y no matando a la gente”, aunque sí reconoció que sentía “miedo” por las amenazas que la víctima le profirió.
“Me repitió en varias ocasiones que su hija era jueza y que tenía un yerno Fiscal”, relató el procesado y añadió que alguna vez lo amenazó con destruirle la vida por tener otro familiar que es “inspector de Hacienda”.
En la sesión oral de ayer también declararon dos testigos visuales del accidente que acreditaron que el acusado dio un volantazo la izquierda para intentar esquivar a la víctima, en consonancia con los atestados policiales. Una labor policial que el yerno de la víctima, y fiscal en Barcelona, no dudó en poner en entredicho al afirmar que no estaba recogiendo la información necesaria para trasladar después al juez instructor. Además, señaló que la posición del cadáver de su suegro le resultó extraña.
El Ministerio Público pide una pena de 18 años por el delito de asesinato y tres más por obstrucción a la justicia, mientras que la acusación particular, representada por el penalista José Luis Gutiérrez Aranguren reclama 20 años de cárcel por homicidio y 4 por obstrucción a la justicia, así como 110.000 euros para la viuda de la víctima y 15.000 para cada uno de sus hijos. n
