11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno reaccionó al anuncio de que ETA estará totalmente desarmada en la tarde del 8 de abril pidiendo su disolución y reafirmando su compromiso con el cumplimiento íntegro de la ley, que exige pedir perdón y colaborar con la Justicia antes de estudiar un cambio de la política penitenciaria.
En una declaración institucional desde Málaga, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, resumió el viernes la posición del Gobierno ante el final de la banda terrorista de la siguiente forma: “A ETA solo le queda disolverse, entregar las armas, arrepentirse, pedir perdón a las víctimas, pagar las deudas y someterse a la legislación vigente”. A lo que añadió: “No olvidaremos a las víctimas”.
La ley penitenciara otorga al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, las competencias exclusivas para decidir posibles acercamientos. ETA autorizó las pasadas Navidades a sus 350 presos para que se acogieran a beneficios individuales pero manteniendo como “línea roja” la colaboración con la Justicia en los casi 300 asesinatos sin esclarecer, lo que los terroristas llaman “delación”.
El mayor beneficio penitenciario contemplado en la ley es la libertad condicional, que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión. Los requisitos para acceder a ella son estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social.
El artículo 90.8 del Código Penal en vigor establece que “la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades”.
La colaboración activa con las autoridades, según la ley, se traduce en “impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, atenuar los efectos de su delito o la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado”.
Esta colaboración se tiene que acreditar mediante “una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista”.
“No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito”, sentencia el Código Penal. Se trata de una cuestión que con frecuencia recuerdan las asociaciones de víctimas.
Francia afirma que no negociará con la banda terrorista la entrega de las armas
El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, aseguró ayer que no negociará con la banda terrorista ETA la entrega de armas y señaló que “solo la autoridad judicial está habilitada” para hacerse con el arsenal.
“La única solución para un desarme respetuoso con la ley es señalar la localización de esas armas a las autoridades”, indicó Le Roux en un comunicado, en respuesta al anuncio de que ETA puede informar sobre el emplazamiento de sus zulos el 8 de abril.
“Si ETA quiere proceder a su disolución y someterse a la ley, le corresponde entregar todas sus armas a ambos lados de la frontera”, señaló.
El ministro respondió así al dirigente del movimiento ecologista y social “Bizi!” Jean-Noel Etcheverry, “Txetx”, que pidió a las autoridades negociar la entrega de las armas. Le Roux recordó que “esas armas están en manos de una organización terrorista, muchos de cuyos miembros están perseguidos o buscados por la justicia en el marco de procesos”. n efe
