11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
Los abogados del exsecretario de Organización del PP de Galicia y del responsable de Orange Market, Pablo Crespo y Álvaro Pérez “El Bigotes”, respectivamente, solicitaron ayer la suspensión del juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana tras la confesión del líder de la trama Gurtel, Francisco Correa y anunciaron que aportarán datos relevantes.
Los abogados Miguel Durán (Crespo) y José Javier Vasallo (Pérez) hicieron esta solicitud al comienzo de la sesión de ayer –que comenzó con casi dos horas de retraso– de acuerdo al artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión de la vista oral “cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria”.
Más de veinte años
El juez atendió a esta petición y suspendió el juicio hasta mañana, que se reanudará con la declaración de Crespo –para el que piden 22 años de prisión– y que continuará con la de El Bigotes –que se enfrenta a 27 años de cárcel–. Antes de tomar esta decisión el magistrado preguntó a Durán que concretase si este interés de interrumpir temporalmente, al menos 48 horas, la celebración del juicio tiene relación a la declaración de Correa.
El defensor del considerado “número dos” de la Gurtel lo ha corroborado y se ha disculpado por no haberse expresado con “tanta fortuna”. “Es publico y notorio y no se escapa al entendimiento de nadie”, subrayó Durán.
Asimismo, el abogado de Crespo confirmó al juez que su cliente aportaría elementos o hechos relevantes para la causa. En estos términos se pronunció el abogado de El Bigotes, adhiriéndose a lo manifestado por su colega y ninguna de las partes presentes en este juicio se ha opuesto a que la sesión previstas para ayer y jueves sean suspendidas.
Indicaciones
Correa afirmó este martes durante su declaración que el PP de la Comunidad Valenciana, y concretamente el exsecretario general del partido regional, Ricardo Costa, el que indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gurtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si “querían cobrar”.
En esta línea, en un escrito dirigido al magistrado unos días antes de que comenzase la vista oral, el líder de la Gurtel reconoció que el PP liderado entonces por Francisco Camps pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.
Varios acusados del juicio se están replanteando su estrategia de defensa después de que Crespo y El Bigotes, hayan anunciado la posibilidad de ofrecer nuevas revelaciones.
Negociaciones
Según fuentes jurídicas, ante la suspensión del juicio hasta el viernes para poder facilitar a ambos acusados la negociación con sus abogados, cabe también la posibilidad de que otros encausados y sus defensas mantengan reuniones con la Fiscalía para tratar de alcanzar un posible acuerdo.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía el PP pagó a esta empresa un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
Un margen de tiempo
Miguel Durán recordó que su defendido está en “situación de prisión preventiva” y que le gustaría tener un margen de tiempo para poder estudiar la confesión del líder de la Gurtel junto a él “para ver si la línea de estrategia de defensa puede ser la misma o experimentar variación”.
Si Crespo y “El Bigotes” finalmente acceden a hacer una confesión durante su declaraciones, siguiendo la estrategia de colaboración con la Justicia con Correa, la Fiscalía Anticorrupción podría atender a una rebaja de su solicitud inicial de pena.
Al inicio del juicio, la fiscal del caso Myriam Segura anunció que si se corroboraba que el líder de la red Gurtel –que se enfrenta a veintidós años de prisión–
reconoce todos los hechos, estaría abierta a atenuar su solicitud de condena. l
