11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley denominada “del Referéndum de Autodeterminación” aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de septiembre y que fue suspendida cautelarmente un día después.
Dicha suspensión supuso la prohibición expresa de celebración de la consulta del 1-O sobre la que se sustentan los planes secesionistas del Govern.
El tribunal de garantías, que estima el recurso presentado por la Abogacía del Estado, afirma que la norma catalana invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española.
Quiebras de procedimiento
Sostiene, asimismo, que durante la tramitación parlamentaria de la ley el Parlamento de Cataluña incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo”, afectando de ese modo a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes.
La sentencia, de la que fue ponente el Magistrado Andrés Ollero, asevera que “un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”. La sentencia analiza los vicios de inconstitucionalidad denunciados por la Abogacía del Estado desde tres distintas perspectivas: la competencial, la sustantiva y la relativa a la tramitación.
Antes de entrar en su análisis, el Tribunal realiza algunas consideraciones sobre el derecho a la autodeterminación en el que la norma recurrida dice fundarse y que nacería del contenido de determinados tratados internacionales suscritos por España.
Así, el derecho de autodeterminación, entendido como “derecho” a promover y consumar su secesión del Estado en el que se constituye España”, no forma parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados.
El TC recuerda que “el derecho de libre autodeterminación” de los pueblos que proclaman el Pacto Internacional de Derechos Civiles quedó limitado en “diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas” a los casos de “sujeción de pueblos a una subyugación extranjera”.
El portavoz del Govern, Jordi Turull, defendió que el Govern debe aplicar el “mandato político” del referéndum del 1 de octubre pese a que el Tribunal Constitucional (TC) haya decidido ayer anular la ley del referéndum que aprobó el Parlament y en la que se sustenta la votación del referéndum.
“El mandato del referéndum es un mandato político que tenemos y que debemos culminar”, proclamó en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde defendió que, para el Govern, la ley sigue teniendo legitimidad porque la aprobó la Cámara catalana.
El portavoz catalán también criticó al Gobierno central por “abusar de la complicidad con el Tribunal Constitucional”, y insistió en que el conflicto político con Cataluña no se resolverá llevando las leyes antes los tribunales, sino abordando las cuestiones políticamente desde el diálogo.
El conseller evitió, una vez más, hablar de una manera explícita de ejercer la desobediencia al Alto Tribunal, pero sí recordó que el Govern ya dijo en su día “que siempre haría caso a las leyes del Parlament”, aunque estas colisionaran con las decisiones del TC.
