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viernes | 19 abril | 2024
Algunos de los usuarios de las polémicas tarjetas blac” de Caja Madrid han acudido a expertos para tratar de demostrar que las visas que tenían formaban parte de su contratos laborales y, por tanto, de su salario, por lo que no tenían límites para ser usadas a cualquier hora, incluso en festivo.
Es lo que defienden el experto en Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcó y el catedrático emérito de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya, ambos de la Universidad Complutense de Madrid, en los informes que han realizado a petición de los exconsejeros de Caja Madrid Alberto Recarte y Luis Gabarda.
Según sus escritos, aportados ya a la causa que instruye el juez Fernando Andreu, estas tarjetas visas fueron un instrumento puesto en marcha por la propia entidad en 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro, para compensar el ejercicio de la función de consejero.
Falcó subraya que los cargos de las tarjetas de los consejeros no ejecutivos, como Recarte, que gastó 139.900 euros con su tarjeta black y pidió a Caja Madrid el ingreso en efectivo de los 12.000 euros en los que estaba valorado un reloj que recibió como obsequio, se contabilizaron correctamente en la cuenta”.
Este catedrático precisa que las correspondientes cantidades cargadas estuvieron sujetas a IRPF, si bien no dispone de datos que confirmen que se aplicaron correctamente por parte de Caja Madrid.
impuestos
No obstante, asegura que la entidad dedujo en el Impuesto de Sociedades estos gastos entre 2003 y 2010 y la Agencia Tributaria, en la Inspección culminada en 2013, aceptó la deducción de los años 2004 a 2006.
En su opinión, estas inspecciones ponen de manifiesto que fueron una remuneración, pues en otro caso no habrían sido deducibles al no disponer la entidad de los justificantes de gastos.
Además, señala que las tarjetas fueron un instrumento para el pago de un incentivo, distinto a las dietas por asistencia a reuniones y, como éstas, constituyen una remuneración.
Es los que explica que no tuvieran que justificar sus gastos porque, de lo contrario, habría existido algún control, y no consta que la caja rechazara ninguno.
Aunque podrían haber otras alternativas, como un sistema para reembolsar los cargos y la infraestructura necesaria para ello, la opción por un sistema de tarjetas no vulnera ninguna norma.
Es más, están amparadas por un contrato entre el beneficiario y la caja, del que se desprende que eran de libre disposición sin más limitaciones que “la cuantitativa fijada mensualmente en el contrato y la establecida anualmente por el presidente”.
Como parte de su sueldo, no existen restricciones, responde así este catedrático al informe policial encargado por Andreu que reveló que los 83 beneficiarios de las tarjetas las usaron principalmente por la noche, festivos y fines de semana y gastaron más de 15,5 millones.
La misma tesis expone Montoya, que explica que la tarjeta entregada a Luis Gabarda, que disfrutó de 139.700 euros, era “un elemento” de su salario.
Cuando en un ejercicio no se agotaba el límite ese remanente incrementaba la suma.
