Los accionistas de Popular afinan su estrategia en todas las vías judiciales

Los accionistas de Popular afinan su estrategia en todas las vías judiciales
Los 300.000 accionistas de la entidad disponen de diversas alternativas a medida | archivo ec

Pequeños accionistas y tenedores de deuda de Banco Popular que perdieron su inversión tras la resolución de la entidad afinan sus estrategias para recuperar sus ahorros con el apoyo de despachos de abogados y asociaciones, que optan por la conjunción de hasta cuatro vías judiciales.

Además de preparar una batería de demandas civiles, denuncias y querellas penales contra los administradores de Popular y recursos contenciosos-administrativos contra el FROB, los afectados reclamarán a Europa por la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de avalar la venta como forma de proteger a los depositantes.

El asociado de litigación bancaria del bufete Jausas, Pablo Franquet, destacó la complejidad del escenario en el que se encuentran los 300.000 accionistas de la entidad, para los que “no hay un camino único, sino diversas alternativas a medida”, dependiendo de si son “accionistas históricos, compradores del mercado secundario o gente que acudió a la ampliación de capital”.

Bankia

Franquet sitúa a este último grupo en una situación similar a la salida a Bolsa de Bankia, pues Popular “hizo un folleto ofreciendo una imagen de que captando 2.500 millones de euros más se iba a conseguir una solidez que poco después se vio que no era”.

Ello permitiría iniciar acciones por error en el consentimiento similares a las interpuestas por otros servicios comercializados sin información veraz o suficiente, como las participaciones preferentes de Caja Madrid.

Un camino diferente ofrece para quienes compraron acciones directamente en Bolsa –y no a través de las sucursales de la entidad–, que disponen, durante un año, de una acción de r

esponsabilidad extracontractual contra Popular por el daño económico causado con información que no reflejaba la realidad.

No obstante, Franquet enfatizó que el foco para algunos accionistas que quieren recuperar su dinero está en Santander. “Consideramos que se pueden iniciar acciones civiles por enriquecimiento injusto”, reiteró en alusión al artículo 1.901 del Código Civil que haría responder de la pérdida de valor de los títulos al grupo de Ana Patricia Botín, que ya estudia soluciones para los clientes accionistas que acudieron a la ampliación de capital.

Aunque las asociaciones coinciden con Pablo Franquet en la agilidad de los procesos civiles como aliciente para decantarse por esta vía, Adicae insiste en la necesidad de valorar todas las opciones existentes porque “cada procedimiento va a nutrir de información al resto”.

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