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lunes | 13 mayo | 2024
El Gobierno de Bolivia confió ayer en mantener la próxima semana un encuentro “cordial” con la eléctrica española Iberdrola, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas el sábado, una medida que fue respaldada por campesinos leales al mandatario y criticada por la oposición.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, señaló que espera la llegada a Bolivia de representantes de Iberdrola, compañía que manifestó que espera que Bolivia “pague el valor real” de las cuatro filiales.
Unos 700 militares custodian las sedes de las cuatro firmas nacionalizadas
“Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes”, sostuvo.
Agregó que el decreto de expropiación que presentó por sorpresa Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal ENDE contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
Las expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz, Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones, cuyas oficinas fueron intervenidas por más de 700 militares y policías tras presentar Morales el decreto.
Morales sorprendió con esta medida, que se produjo siete meses después de la nacionalización de las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para la compensación económica.
Las instalaciones de las empresas expropiadas amanecieron ayer en calma custodiadas por más de 700 efectivos de las fuerzas de seguridad del país y sin que se hayan reportado incidentes sobre el suministro eléctrico.
La medida fue respaldada por campesinos leales al Gobierno, que pidieron que se haga efectiva la rebaja de los costes del suministro energético en esas áreas. Por su parte, empresarios bolivianos y expertos criticaron la expropiación porque consideran que es una mala señal para los inversores extranjeros.
Entretanto, otros opositores opinaron que la medida es una cortina de humo con la que el Gobierno pretende desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos.
